Huelga masiva de profesores en el Perú

En medio de la grave crisis en la cual se encuentra el gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su primer año, desde mediados de julio 2017, no pasa un solo día sin que marchen los maestros y las maestras de escuelas estatales primarias y secundarias, por la defensa de sus derechos laborales, en un país donde el 72% de la educación está privatizada.

En Huamanga, capital regional de Ayacucho, una de las zonas rurales más pobres del país, donde el 60% de la educación está en manos del sector privado y donde ya no se construyen escuelas del Estado, salen a las calles desde las 8am maestros provenientes de todas las provincias, siendo la gran mayoría maestras. Esta marcha no es una más. Por primera vez en muchos años tienen el apoyo de los alumnos de escuelas secundarias, de los padres de familia y de los estudiantes de la Universidad San Cristobal de Huamanga.

Llegué a Ayacucho por motivos académicos que he atendido satisfactoriamente, pero estas tierras nos guardan grandes novedades que superan nuestros fines personales: la movilización de los maestros exigiendo leyes y derechos que reconsideren su papel en cuanto formadores de la juventud, frente a una situación que los margina, tanto a ellos como a sus alumnos y a los padres de familia.

Ciertamente el Perú, a pesar de su rica historia y abundantes recursos naturales, figura entre uno de los países latinoamericanos más atrasados a nivel educativo y cultural. Pero en estas fiestas patrias nacionales, los profesores, unidos en su histórico Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), a pesar de la constante criminalización de la protesta por parte del gobierno y de los principales medios de comunicación, que consiste en tildarlos de “terroristas” o "terrucos", tomaron las calles, así como las carreteras y los aeropuertos, para decir en voz alta que no soportan tal marginalidad y estigmatización.

El magisterio ha principalmente tomado conciencia del acoso pedagógico e ideológico del gobierno y se ha identificado con el pliego de reclamos de las bases regionales del SUTEP, por lo cual rechaza el control de cualquier partido político, incluido el hoy aislado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) (que emana del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso). Y cabe señalar que el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (CONARE) no dirige la huelga en la medida en que el mismo MOVADEF se encargó de destruirlo hace varios años. En Huamanga, varios maestros marcharon enarbolando el lema "NO SOMOS MOVADEF".

Según dos dirigentes magisteriales que entrevisté en la Casa del Maestro, Edilberto Barzola, Secretario de Defensa del SUTEP regional Ayacucho, y Claudio Javier Eccoña Achulli, Secretario General del SUTEP Provincial de Huamanga, los maestros piden: defensa de la gratuidad de la enseñanza; aumento de sueldos; aumento para los jubilados; defensa del derecho a la estabilidad laboral; más presupuesto para la educación (alrededor del 2% del PBI en el Perú, mientras que en los países vecinos, supera el 10%); educación de calidad; no a la privatización de la educación; no a los despidos masivos de maestros post evaluación punitiva; mantenimiento de los beneficios laborales; derogatoria de la ley general de educación (28-044) y de la ley de reforma magisterial (29-944).

Según el Profesor Barzola, mientras que a los alumnos se les evalúa para promoverlos, el Estado pretende evaluar a los profesores para despedirlos. Desde noviembre 2012, dentro del plan neoliberal del gobierno y del Consenso de Washington (1990), con políticas educativas definidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), fueron despedidos (sin derecho a pensión) 24.000 maestros, nos reporta Claudio Eccoña. Además, 10.000 de ellos fueron también expulsados por haber alcanzado los 65 años de edad. Eso se acompaña de presión psicológica hacia los maestros para que renuncien o cesen voluntariamente. Éstos son remplazados por contratados que ganan dos veces menos. Mientras trabajan hoy más de 200.000 profesores nombrados a nivel nacional, todo vale para cumplir con la meta del gobierno de reducir este número a 90.000 para el año 2021. 

Finalmente, ambos dirigentes denuncian la usurpación de 22 personas bajo la modalidad de Derrama Magisterial, institución privada creada para supuestamente favorecer la “seguridad social de los maestros”, pero que se ha convertido en un instrumento de poder económico que impone descuentos mensuales a todos los profesores. Estos 22 individuos, amparados por el decreto supremo 013-2016, no solo son los únicos en dialogar con el Estado, sino que pretenden representar a los maestros del SUTEP y se oponen a la huelga.

Denuncian también lo poco que la actual ministra de educación, Marilú Martens, se identifica con los maestros,

y piden su cambio si ella no atiende sus pedidos, a pesar de la adhesión masiva de la población y de las autoridades regionales a la huelga, como consta en el documento siguiente:

Esperemos que el ministerio de educación y el gobierno sepan escuchar estas voces, a pesar de que, como lo señaló en 2012 Efraín Arcana Mamani (Doctor en educación y maestro): "La Ley de Reforma Magisterial solo es un medio para cumplir con el mandato impuesto por el FMI y el BM con el único objetivo de deshacerse de la Escuela Pública. Ello implica deshacerse del gasto social y por ende despedir a los maestros...vía evaluaciones amañadas y políticas diseñadas por ONGs y financiadas por agencias de cooperación".

Aquí un informe del Banco Mundial de 1999: http://documents.worldbank.org/curated/en/818451468776722080/Main-report

La huelga sigue con fuerza en todas las regiones del país, convergiendo hacia Lima.