Billet de blog 31 oct. 2014

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François Hollande, socialdemócrata

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Si se mira desde cualquier otra capital europea que no sea París, la política económica adoptada por François Hollande no es algo sorprendente. Y esta falta de sorpresa no se explica porque se conozca mejor de lo que el electorado francés pueda conocer la orientación de la doctrina política del antiguo líder del partido socialista, sino que se debe por completo al alejamiento de las pasiones políticas permitido por la relativa distancia geográfica existente.
Las opciones de los pactos de responsabilidad y solidaridad muestran dos características fundamentales:
La primera es su inclusión en la continuación de la estrategia europea, iniciada por François Mitterrand en 1983. Dicha estrategia une los contenidos del proceso de construcción comunitaria con los intereses del gigante económico y geopolítico alemán, a la par que subyuga estos contenidos a un proceso intergubernamental de toma de decisiones colectivo mucho más amplio.
La otra característica es la reproducción de los principales elementos de las políticas nacionales adoptadas por los partidos socialdemócratas europeos, principalmente la búsqueda de la reducción del déficit público, tal y como exige el Tratado de Maastricht; la creación de empleo como resultado de la reducción de gravámenes sociales y fiscales impuestos a las empresas y la modernización de la estructura de los sistemas de seguridad social creados en 1945.

Este marco analítico descarta la hipótesis de una excepción socioliberal francesa, derivada de la elección presidencial de 2012 o de la reciente reestructuración del gabinete político. La política económica de François Hollande y Manuel Valls encaja en la política general socialdemócrata encarnada por el SPD alemán, los partidos socialistas belgas o el Partido Laborista británico, entre otros.
Este marco también nos muestra cómo las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno francés son las típicas de “la izquierda gubernamental” y nos indica que son estructurales. Si las pusiéramos en un esquema podríamos reducirlas a dos:
Por un lado, la erosión de las bases fiscales tradicionales de las políticas de financiación pública, que resultan en una reducción de los beneficios derivados del trabajo en la riqueza europea. Las políticas industriales y sociales necesarias para el bienestar de la población se exponen a las consecuencias de la reducción de los recursos públicos. En teoría, existe una solución basada en la creación de impuestos sobre capitales y préstamos pero, en la práctica, una es poco favorable a la inversión y la otra implica un aumento de la dependencia de los Estados en relación a los mercados, así como una transgresión de las normativas europeas.

Por otro, las dificultades estructurales son tan macroeconómicas como sociológicas, ya que se centran en la distribución de recursos. El reto al que se enfrenta la izquierda gobernante a inicios del siglo XXI no es el de salvaguardar la financiación de los estados tradicionales del bienestar, sino el de reconsiderar el contenido del pacto social de los Trente glorieuses (los treinta años del boom de la posguerra), teniendo en cuenta la evolución de las exigencias. En otras palabras, la socialdemocracia debe incluir dentro de su periodo presupuestario (que ya se encuentra limitado por las presiones internacionales) las exigencias de una sociedad en la que ya no hay pleno empleo y donde ha cambiado la esperanza de vida de los que dejan su actividad profesional a los sesenta. En términos muy concretos, la elaboración del presupuesto se ha convertido en un momento de arbitraje delicado entre los esquemas de financiación de las pensiones, los subsidios por desempleo y la creación de puestos de trabajo. En contra de lo que puedan hacer los partidos neoliberales, los partidos socialistas no pueden sucumbir a la opción fácil de sacrificar estos objetivos con miras a restaurar el crecimiento económico.
Por último, la distinción entre la izquierda francesa y sus homólogos europeos es, quizás, el precio electoral que se debe pagar por las reformas que han anunciado o comenzado y por los lentos resultados obtenidos, a menudo parciales.
Un análisis algo más profundo de la trayectoria de los gobiernos de François Hollande nos permite extraer dos posibles explicaciones:

La primera es que, al contrario que Renzi, François Hollande puede haber cometido el error de no haber declarado públicamente cuáles eran sus diferencias frente a la orientación económica predominante en el seno de la UE. De esta forma ha perdido por no haber respaldado, al tomar posesión de su cargo y más tarde, en vísperas de las elecciones de 2014 (como hiciera en las Naciones Unidas Dominique de Villepin en su importante discurso, dominado por la lírica, sobre política exterior), los comentarios realizados por Michel Sapin en agosto, en una columna de opinión publicada en Le Monde sobre la necesidad de una nueva orientación de las políticas europeas. 
La segunda es que, tanto en marzo como en mayo de 2014, los votantes franceses castigaron la inadecuación de las reformas sociales introducidas, como respuesta a las medidas de austeridad. Esta hipótesis también se aplica a Laurent Bouvet, quien mostró cómo las reformas “sociales” más valientes, como la eliminación de la discriminación en la ley del matrimonio, en una época de crisis económica, son suficientes para satisfacer las expectativas en “lo social”; es decir, en las reformas socioeconómicas.
Esta intención de Laurent Bouvet continúa en la conocida reticencia de los socialistas franceses a hacer reducciones en las contribuciones concedidas a las empresas, dependiendo de sus compromisos basados en resultados o de una posible reforma en su “gobernanza corporativa”, destinada a promover una mayor representatividad de trabajadores y consumidores.
La última de las observaciones concluye que existe un acercamiento entre la política económica de la izquierda francesa y del resto de partidos socialdemócratas europeos. Los pobres resultados del “socialismo proveedor”, seguro de la buena voluntad y de la capacidad de las empresas de reducir el desempleo masivo, no ha llevado todavía a una evolución hacia la adopción de un “socialismo de producción”, forzando un camino en el que las empresas escojan usar los recursos que los Estados les ofrecen para promover el diálogo social.

Christophe Sente (Universidad Libre de Bruselas) es miembro del Consejo Científico de la Fundación para los Estudios Progresivos Europeos (FEPS)

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