En Argentina: el periodismo de investigación al servicio de la justicia

Partiendo del asesinato de un joven militante del Partido Obrero, Diego Rojas echó luz sobre un sistema laboral desigual que precariza una gran parte de los trabajadores del sector ferroviario argentino. El juicio mediatizado de los responsables abre el debate sobre el escandaloso sistema de tercerización y la corrupción político-sindical en el país.

Mientras que, en Europa, el periodismo de investigación está renaciendo en Internet bajo la batuta de Mediapart e Infolibre, la prensa transatlántica también se manifiesta en su rol de “cuarto poder”, como lo definía Edmund Burke. En Argentina, un libro permitió que se pusiera en tela de juicio el trabajo precario y la corrupción que lo mantiene. ¿Quien mató a Mariano Ferreyra? (primera edición en abril de 2011, reactualizada en septiembre de 2012) fue recibido por la opinión pública como un disparo. Como si la bala que mató a este militante de 23 años, ese 20 de octubre del 2010, hubiera rebotado hacia los responsables. Para entender las raíces de esta represión por la patota sindical del Ferrocarril, Diego Rojas se concentró primero en las causas económicas, es decir el negocio de la tercerización. De tal manera, pudo reconstruir y contextualizar lo sucedido. En paralela, el periodista vio dibujarse el trasfondo político de este sistema de explotación laboral, a través del retrato de Mariano Ferreyra.

El 4 de abril 2013, más de dos años después de los hechos, sale la película bajo el mismo nombre del libro. Su repercusión fue importante y tuvo que ver con un contexto particular. En efecto, el 19 de abril, dos semanas después del estreno, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 declara las sentencias para los responsables. 15 años de cárcel para los dos instigadores del crimen: José Pedraza, entonces jefe del sindicato Unión Ferroviaria (1985-2012), y su brazo derecho Juan Carlos Fernández. En tanto a los autores materiales del crimen, Cristian Daniel Favale y Gabriel Sánchez, dos líderes de la patota: 18 años. El 2 de agosto pasado, todos los incriminados apelaron la decisión de justicia con la esperanza que el Tribunal, en segunda instancia, baje sus condenas.

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 Arriba : la última edición del libro (septiembre 2012, editora Norma). Foto Internet. Abajo : Diego Rojas, el 22 de agosto, en una charla sobre el periodismo de investigación en Argentina. Foto Fabien Palem.

 

Trabajo precario y corrupción sindical

El 20 de octubre de 2010, la patota de la Unión ferroviaria reprime una manifestación de trabajadores tercerizados, en el Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, al sur de la capital. Salieron a pedir derechos laborales. Los recibieron con piedras… y balas! Una de las cuales impacta sobre el joven, que no pudo sobrevivir hasta llegar al hospital Argerich. Mariano Ferreyra, estudiante de historia, tenía 23 años y 10 de militancia con el Partido Obrero. Desde ese día trágico, se convertirá en un ícono de la lucha obrera.

Pero ¿ quiénes son estos trabajadores que salieron a pedir igualdad de derechos laborales y de salario el día de la represión? Desde los años 1990 y la ola neoliberal del menemismo, el ferrocarril argentino divide sus tareas bajo el proceso de la tercerización. Hoy en día, la empresa UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) está a cargo de la administración y subcontrata a empresas privadas. De tal manera, se fue creando este sistema laboral dual. Por un lado están los empleados trabajando en planta permanente, protegidos por un convenio, y, por otro, los precarios llamados tercerizados. “El funcionamiento del Ferrocarril argentino, como el de cualquier empresa tercerizadora, pisotea totalmente la regla ‘’a igual trabajo igual salario’’” explica el periodista. Lo que confirma la definición dada por la ONG argentina C.E.L.S. (Centro de Estudios Legales y Sociales), que incluye la noción de “exclusión o degradación del vínculo contractual”. Para resumir, los tercerizados se benefician de un convenio de baja intensidad o, peor, no están bajo ningún convenio de trabajo. “Lo que hay que prohibir es la tercerización, sigue Rojas. Si hay una tarea común a una cantidad de trabajadores, tiene que haber un convenio común para todos ellos.


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José Pedraza, ex líder sindical condenado a 15 años de cárcle, Foto Internet: lanacion.com.ar

¿Quién mató a Mariano Ferreyra? pone sobre el tapete los vínculos que conjugan los intereses del poder sindical, con el empresarial y el político. La burocracia sindical no tiene interés en que se forme una oposición política que pueda enturbiar el orden establecido. Pedraza, 30 años a la cabeza de Unión Ferroviaria, tenía que estar detrás de esta “represión tercerizada”, como la llama nuestro periodista. El tribunal lo confirma cuando zanja: "Si el gremialista no quería, esto no pasaba", refiriéndose a esa violenta represión. Al empezar esta investigación que habrá durado cuatro meses de intenso trabajo, Rojas presiente estos vínculos: “En esta represión, todo indicaba que la Unión Ferroviaria había mandado su patota, era ostensible! Estas prácticas ya eran muy conocidas. Decidí usar el periodismo para aportar a este caso, y denunciarlo públicamente”. A lo largo de sus entrevistas, puede señalar a la empresa HUGOFE, administradora del ferrocarril, como cómplice de esta represión. Represión que se efectúa a través del brazo armado del sindicato: la patota. Especie de batallón al servicio del orden burocrático, la patota está dirigida por violentos hooligans, miembros de las barras bravas (hinchadas de los clubes de fútbol). De los dos autores materiales del crimen, tanto Cristian Daniel Favale como Gabriel Sánchez eran conocidos por sus desvíos violentos en este contexto.


Un juicio que condena un “crimen político”

Una vez definido este marco socio-económico, la investigación de Rojas gira hacia el sistema sindical, que caracteriza como “tampón de protección para el Estado que quiere evitar la autogestión de los trabajadores.

Entre los incriminados del juicio, Pedraza es el más simbólico. “Por primera vez en el país se condenó como autor de un crimen político a un líder sindical.” Ahí está una de las fuerzas del libro, dado que contiene la única entrevista concedida a un periodista. Al preguntarse por qué pudo haber sido el “elegido”, Rojas tiene una hipótesis: “Si Pedraza aceptó que lo entrevistara, fue, quizás, porque quería cortar con la fuente de testimonios que venía de abajo, de los trabajadores mismos”. Hipótesis razonable si tomamos en cuenta que, en aquella etapa de la investigación, se pone en contacto con 40 trabajadores a quienes les ofrecieron incorporar la patota: “entre los testimonios de mayor valor, me hablaron también unos arrepentidos de la patota. Sirvieron para incriminar a Favale, quien llevaba las armas”. El periodismo al servicio de la Justicia, y Diego Rojas llamado a comparecer delante de los jueces. En el libro se encuentran unas pruebas que incriminan a los responsables del crimen. “En la entrevista, Pedraza confiesa que “muy pocos sabían que se iban a usar armas de fuego”. Por lo tanto quiere decir que algunos sí lo sabían!” El ex-jefe sindical, queriendo proteger sus intereses y los de la burocracia, terminó dando la prueba de su participación en el asesinato del joven militante.

  

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Aquí en Plaza Miserere, como en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires, el Partido Obrero rinde homenaje al militante Mariano Ferreyra, Foto Fabien Palem.


Responsabilidad de la clase política

Cuando le preguntamos a Rojas si temía correr algún peligro, contesta que no: “Nunca pensé en peligro y nunca pasó nada! Para mí, el periodista tiene una especie de halo de protección, por su rol social.

Por lo tanto, de las personas involucradas, varias pertenecían a altos rangos del sistema político-sindical. Pues de tal modo, tocaría preguntarse en qué medida el Estado ayuda, cubre o por lo menos cierra los ojos cuando el sindicato manda a su milicia a reprimir manifestaciones. Si la práctica es tan “ostensible”, debería haber una cobertura que viniera de más arriba. En este sentido, Rojas nos aclara: “El 20 de octubre, la policía federal libera la zona, dejando la vía libre a la patota. Sabemos que la policía no es un órgano autónomo y que, en el caso de manifestaciones, responde a órdenes políticas. La justicia todavía no investigó sobre esta responsabilidad.” Este vacío del juicio aparece en el libro y fue denunciado por nuestro periodista, ahora le toca a la justica: “se debería chequear los archivos de la policía y otras fuentes a las que un periodista no tiene acceso.

Por otro lado, Rojas pudo acceder a grabaciones de conversaciones entre Pedraza y el entonces ministro del Trabajo, Carlos Tomada: “Aunque sean posteriores al asesinato de Ferreyra, esas grabaciones certifican el nexo existente entre los mundos político y sindical. En una de ellas, el ministro aconseja a Pedraza de “trabajarlos politícamente” a los empleados de tendencia izquierdista, para “ganarlos en su lista”.

Si bien se puede apreciar el paso por adelante que dio el juicio, cabe señalar que la investigación jurídica fue incompleta. Otros eslabones de esta cadena de corrupción quedan aún a salvo… y podrían ser de los más importantes!

 

Fabien Palem

 

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