La amenaza está (también) aquí

La principal utilidad de las conmemoraciones es la de recordar lo que olvidamos todos los demás días del año. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 1993 que cada 3 de mayo se celebraría el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo cual sirve desde entonces para fomentar en torno a esta fecha iniciativas que denuncian en numerosos países la censura o cierre de publicaciones; las presiones y acosos a periodistas y editores, pero, sobre todo, los asesinatos y encarcelamientos de profesionales de la información, ya sea escrita, gráfica o audiovisual. 

Que exista también, por ejemplo, un Día Mundial de la Felicidad no ayuda mucho a prestigiar lo que significa el 3 de mayo. (Ya sabemos que la ONU hace esfuerzos ímprobos por desprestigiarse a sí misma). Sin embargo, conviene no desperdiciar una sola excusa para alertar sobre el delicadísimo estado de la libertad de prensa.

Colocamos el foco con absoluta veneración en quienes se juegan la vida (y a veces la pierden) por informar desde puntos de conflicto. No se trata sólo de rendir homenaje a la vocación y valentía de periodistas y fotógrafos que perecen para que no caigan en el olvido las guerras y los atropellos de los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Comparar esos méritos con cualquier otra forma de ejercer el oficio no tiene sentido. Menos todavía cuando ahora lo hacen en la mayoría de los casos al desnudo, sin el paraguas de un gran medio que les ofrezca recursos, seguridad, garantías mínimas y un buen salario. La figura del corresponsal de guerra se ha reconvertido en la del free-lance cuya remuneración no está garantizada, o cuya cuantía es proporcional al riesgo de perder la vida o de sufrir un secuestro. 

Así que no se trata de hacer ningún tipo de comparación, pero sí de advertir de los otros riesgos que corre la libertad de prensa en países y regímenes políticos en los que este derecho fundamental se da por descontado. Hay otro tipo de amenazas que no son las balas, los francotiradores, los grupos terroristas o las bandas de narcotraficantes. Pero que actúan como termitas para socavar y limitar el derecho a la información de los ciudadanos, imprescindible en una democracia que pueda definirse como tal. Y cuyo ejercicio depende de que existan otros dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la de prensa.

Hay una amenaza que es global, producto de una realidad digital en constante transformación y cuyo entendimiento aún se nos escapa. Se calcula que de los 2.500 millones de internautas actuales pasaremos a 5.000 millones en 2020 y a casi 7.000 millones en 2025, según las previsiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el pronóstico de los responsables de Microsoft y Google. Lo cual significa que la práctica totalidad de la población mundial tendrá acceso a Internet a la vuelta de diez años. 

Parece una obscenidad que los reyes de las nuevas tecnologías tengan tan clara su expansión cuando al mismo tiempo se ensancha la brecha de desigualdad y se dispara la pobreza. Se confía más en la multiplicación de los smartphones que en la mejor distribución del pan o de los peces.

Lo cierto es que la imparable extensión de Internet hace que nunca en la historia la ciudadanía haya tenido mayor acceso a la información. Y en ese descomunal avance está precisamente incluida la amenaza. Todos estamos convencidos de manejar un volumen inabarcable de información. Nos creemos bien informados porque somos bombardeados constantemente con datos acerca de lo que supuestamente nos interesa. La saturación nos produce el engaño de poseer un mayor conocimiento. 

Se ha descrito Internet como la información sin fronteras, aunque ya van surgiendo estudios (como el que recoge el sociólogo Frederic Martel en Smart, Taurus, 2014) que muestran que la mayor parte de los intercambios de información en las redes no son globales, sino locales, territoriales o sectoriales. Aunque efectivamente lo digital no contempla fronteras físicas, hay otras que sin serlo funcionan como tales: las lenguas, las regiones, las culturas, los intereses por comunidades o sectores profesionales… Como ha ocurrido con otras revoluciones, a medida que utilizamos y conocemos más las posibilidades digitales se van destruyendo mitos al tiempo que se descubren riesgos.

Y entre los riesgos hay que contemplar el hecho de que nunca ha sido tampoco más fácil conocer y controlar lo que “interesa” a la ciudadanía. Por si la información que nosotros mismos hacemos pública fuera insuficiente, el caso Snowden desveló las prácticas de espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos. Y como la realidad digital lo fagocita todo, meses después de la alarma social que provocó la filtración de un joven sonsultor de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el ruido fue debilitándose y los pactos entre gobernantes espiados a su vez (“hoy por ti, mañana por mi”) redujeron los efectos a la huida a Rusia del “delator” y a las presiones sobre los periodistas que cumplieron su obligación y consiguieron publicar los datos.

El negocio como prioridad

Podríamos hacernos la ilusión de que las posibilidades de acceso a la información que ofrece la realidad digital son un blindaje formidable para la libertad de prensa y para el derecho a la información. No hay la menor garantía de que el caso Snowden haya interrumpido el espionaje de las comunicaciones de miles o millones de ciudadanos, como tampoco el caso Wikileaks ha supuesto la defenestración de militares, jueces, políticos o diplomáticos sobre los que se conocieron prácticas ilegales o inmorales o ambas cosas a la vez. Y tampoco caben muchas dudas de que los métodos de los servicios de inteligencia y de otros poderes públicos y privados son cada día más sofisticados con el fin de controlar, vigilar y condicionar el acceso a la información y su uso.

La otra gran amenaza, menos sutil y de consecuencias palpables es la que no mata a los periodistas pero los conduce al paro y al silencio. Esa amenaza ha existido siempre, pero ha adquirido proporciones desconocidas a raíz de la crisis económica y de los múltiples errores cometidos por empresas y por los propios profesionales ante la aparición de Internet. 

En su enciplopédico repaso a la corrupción en España El fango (Debate-2015), Baltasar Garzón encabeza un capítulo dedicado a los medios de comunicación con una célebre frase de Kapuscinski: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. Cuando las empresas periodísticas se reconvirtieron en grandes grupos de comunicación, su prioridad dejó de ser el periodismo, puesto que era mucho mayor y más rápido el negocio que ofrecía la industria del entretenimiento, la banalidad, el ruido o el fútbol. En el libre mercado del capitalismo, la única justificación para que las televisiones privadas estén limitadas y su gestión dependa de una licencia gubernamental y temporal es la consideración de servicio público que tiene toda empresa informativa. Se supone que es un modo de garantizar la pluralidad, la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.

Hace mucho tiempo que esa protección de la libertad de prensa se quedó en mera suposición. Las más importantes cabeceras, endeudadas hasta el cuello por la crisis económica, publicitaria y de negocio tras la revolución digital, están en manos de los acreedores financieros. Un periódico, sea cual sea su soporte material, no puede ser independiente cuando debe responder antes a los intereses de bancos y grandes empresas que a los de sus lectores. Si algunos grandes grupos audiovisuales mantienen aún cabeceras de prensa es porque les sirven como herramienta de presión o intercambio de favores políticos para la buena marcha del negocio del entretenimiento. Sus pérdidas se compensan en las cuentas de resultados y no afectan a los bonus de sus altos ejecutivos, muchos de ellos ya de perfil netamente bancario.

Cuando hablamos de libertad de prensa o celebramos su Día Mundial, y cuando recordamos a los compañeros asesinados mientras ejercían el periodismo, no debemos olvidar que hay otro “frente”, aunque no suenen las balas, y está aquí mismo. Cada día del año. Por la creciente influencia de los poderes económicos, por las dificultades para sostener la independencia de los medios en la realidad digital, pero también por los renovados empeños del poder político en atropellar el derecho ciudadano a la información. Desde la propia ONU se ha solicitado al Gobierno de Rajoy que retire la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” como el de manifestación, expresión e información.

La excusa, la justificación, es la misma que se dio a escala global para el caso Snowden: la seguridad de los ciudadanos. A esa trampa respondió Benjamin Franklin hace un par de siglos: “quienes renuncian a la libertad esencial para obtener seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”. Y la libertad de prensa, como la de expresión, es esencial para la democracia. (Otra cosa es que los periodistas seamos capaces de purgar los errores cometidos para, a partir de ahí, convencer de todo esto a la ciudadanía).

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