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Billet de blog 18 janv. 2018

A vueltas con el 'enigma Puigdemont'

Ha arrancado este miércoles la XII legislatura del Parlament de Cataluña sin despejar el enigma Puigdemont, pero con algunas pistas sobre los escenarios que se abren. Análisis de Jesús Maraña, director de infoLibre, socio editorial de Mediapart en España. 

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Ha arrancado este miércoles la XII legislatura del Parlament de Cataluña sin despejar el enigma Puigdemont pero con algunas pistas sobre los escenarios que se abren. Todas ellas indican, por cierto, un mayor empeño de cada cual en reforzar sus posiciones que en construir los puentes entre bloques que la ciudadanía reclama.

1.- Se ha evitado un primer choque frontal y legal. Sea por conveniencia política, por táctica jurídica o por ambas razones, han ejercido el derecho a voto por delegación los tres diputados electos encarcelados, mientras Carles Puigdemont y los otros cuatro parlamentarios huidos a Bruselas han optado por no solicitar ese voto delegado. De haberlo hecho, y si la Mesa de Edad presidida por Ernest Maragall lo hubiera concedido, el Gobierno central habría recurrido inmediatamente al Tribunal Constitucional esa decisión y la votación subsiguiente. En realidad, el Gobierno (o los partidos del 155) podrían recurrir también el voto delegado de los diputados presos, porque el informe de los letrados es contundente al afirmar que el Reglamento solo permite delegar el voto por causas físicas muy concretas. El derecho de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn venía respaldado por el auto dictado el pasado día 12 por el juez Pablo Llarena, que en ese mismo escrito, sin mencionarlos, apuntaba que no gozaban de ese mismo derecho político los huidos a Bélgica. Sin embargo, ningún juez ni tribunal son nadie para interferir en una función propia de un órgano legislativo, en este caso la Mesa del Parlament, que es quien tiene potestad para decidir sobre la votación. (Otra cuestión sería si se cometiera una ilegalidad desde el Parlament, que a posteriori resolvería el órgano judicial competente). Ciudadanos simplemente ha protestado, y el Gobierno ha renunciado a recurrir el voto delegado de los encarcelados.

2.- La elección de la Mesa y del nuevo presidente del Parlament responden al acuerdo entre las fuerzas independentistas después de que varios nombres barajados se autoexcluyeran en previsión de tener que afrontar nuevos problemas judiciales. Roger Torrent, de ERC, sucesor de Carme Forcadell y ex número dos del grupo parlamentario de Junts pel Sí, había situado en alguna entrevista como objetivo de la legislatura « desarrollar » la república catalana « proclamada el 27 de octubre ». Pero no lo ha mencionado en su discurso ante el Parlament, donde ha apostado por « la democracia, la convivencia » y la vuelta a « la normalidad ». Nadie ha dado esta vez un paso que contradiga el criterio de los letrados del Parlament. Tampoco nadie ha lanzado el mensaje de que se vaya a mantener a toda costa la vía unilateral hacia la independencia que defiende (coherentemente) la CUP y que permitiría a Rajoy prorrogar indefinidamente el 155. Una vía unilateral a la que ya han renunciado expresamente los dirigentes encarcelados, aunque el juez Llarena decida que no les cree y los mantenga (de forma discutible y discutida) en prisión provisional.

3.- Se mantiene el principal enigma en el corto plazo: ¿qué hará Puigdemont?. O expresado de otra forma, ¿qué aceptarán que haga el audaz e imprevisible expresident de la Generalitat su propio partido, el PDeCat, y su socio de gobierno, ERC? En el acuerdo para la constitución de los órganos del Parlament, ERC se compromete a apoyar la investidura de Puigdemont, pero no se aclara cómo podría celebrarse. Si los republicanos cumplen su compromiso de respetar esta vez el criterio de los letrados de la Cámara, quedaría descartada la elección telemática en la que insiste el candidato huido y también la investidura delegada en otro parlamentario, que en cualquier caso conllevaría la impugnación ante el Tribunal Constitucional y la casi segura anulación de sus efectos. La otra posibilidad (la que más teme el Gobierno central), sería la de un regreso sorpresivo de Puigdemont antes del 31 de enero, fecha de la primera sesión de investidura. Aunque fuera detenido en la frontera o en el garaje del Parlament, el juez Llarena se vería en la tesitura de decidir si concede o no permiso al candidato para asistir al debate de su propia investidura. Tanto el precedente del caso Yoldi en Navarra como el criterio asentado por el propio Llarena de que un juez no debe alterar la correlación de fuerzas o « la aritmética parlamentaria » arropan la hipótesis de que Puigdemont podría acudir, ser investido, nombrar un conseller o consellera en cap que conduciría la gestión del Govern y él defendería desde la cárcel su discurso legitimista, que es el que le permitió desde el autoexilio superar contra todo pronóstico a ERC en las elecciones del 21-D.

4.- La disyuntiva para Puigdemont es complicada, aunque a estas alturas el concepto que pueda tener el líder de Junts per Catalunya sobre la complejidad en política es otro enigma. Si opta por seguir en Bruselas se arriesga a perder la presidencia de la Generalitat, caer en el olvido en pocas semanas y no poder volver a Cataluña en veinte años. Si decidiera venir entre hoy y el 31 de enero, garantizaría un nuevo eco internacional a  la confrontación entre el independentismo catalán y el Estado, entre el legitimismo institucional y la acción represora del aparato estatal. Podría convertir, desde la cárcel, esa confrontación en el eje de una legislatura en la que las fuerzas soberanistas se volcarían en aumentar los apoyos hasta superar el 50% que nunca han logrado y que les permitiría recuperar la máxima aspiración independentista. Eso sí, se arriesgaría a pasar en prisión unos cuantos años, y desde su propio entorno personal y jurídico descartan que Puigdemont se plantee asumir tal riesgo y añaden que « el titular de la máxima institución del autogobierno no puede estar en prisión ».

5.- Un Puigdemont encarcelado y president de la Generalitat sería la peor pesadilla para el Gobierno de Rajoy y para sus apoyos en la aplicación del 155, confiados en que cualquier otra candidatura desde las filas independentistas facilitaría una relajación de la tensión institucional y un compás de espera pendiente del desarrollo de las acciones judiciales en curso. El improbable paso de Puigdemont no dejaría de provocar tampoco pesadillas en ERC, cuyos máximos dirigentes no han podido disimular la fractura y la desconfianza mutua tras el abrupto final de la última legislatura.

6.- Lo que resulta innegable, una vez más, es la habilidad de Puigdemont para mantener la iniciativa política incluso en el manejo de las incertidumbres. Con los citados escenarios abiertos, consigue tener al Gobierno en guardia permanente para llevar ante el Constitucional cualquier movimiento que pueda llevar al huido a recuperar la presidencia de la Generalitat. Si se convocara finalmente una investidura telemática, el recurso ante el TC, incluso antes de celebrarse la sesión, podría conducir inexorablemente a una repetición de elecciones.

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hablado en su discurso de la necesidad de « coser la sociedad catalana ». El tiempo dirá si se dan pasos concretos en ese camino, desde el independentismo (que no es monolítico) y desde el llamado « constitucionalismo » (que también es diverso). Una encuesta de MyWord realizada pocos días antes del 21-D preguntaba a los catalanes qué debería hacer el nuevo Govern si ganaba de nuevo una coalición independentista. El 68,7% de los encuestados respondía: « Acordar con los partidos de la oposición una salida al conflicto ». Con diferente grado, era la tesis defendida mayoritariamente por votantes de todas las formaciones. A día de hoy, se observan indicios de que los principales actores políticos evitan volver a la tensión máxima, pero cada cual continúa actuando en competencia directa con sus socios-adversarios. Nada apunta de momento a la construcción de esos puentes imprescindibles entre los bloques para buscar soluciones a un problema político que no resolverán los tribunales, ni los letrados del Parlament ni los abogados del Estado.

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