Cacerolada en el Parlamento

A medida que los datos diarios sobre el impacto sanitario de la epidemia van mejorando, se eleva el volumen de la confrontación política en las instituciones y, lo que es peor, en las calles. Golpeen cuanto quieran las cacerolas, ya sea en la calle con palos o en la tribuna parlamentaria con adjetivos y graves acusaciones, pero no jueguen con las cosas de comer ni mucho menos con la salud pública. Jesús Maraña, director de nuestro socio editorial infoLibre, repasa la situación política y social de España en plena etapa postconfinamiento.

Escuchaba la pasada semana el debate en el Congreso para la votación de la quinta prórroga del estado de alarma y acudían a mi cerebro extractos de la lectura de la noche anterior. « Si uno atiende a los grandes medios de comunicación, la impresión que saca es que lo que debería preocuparnos de verdad no son los miles de personas que ya han muerto y los muchos miles que morirán, sino el hecho de quelos mercados se dejan llevar por el pánico: el coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial. ¿Acaso no es esto una clara señal de que necesitamos urgentemente reorganizar la economía global para que ya no esté a merced de los mecanismos del mercado? » Lo escribe el filósofo esloveno Slavoj Zizek en uno de los primeros ensayos de urgencia publicados sobre lo que nos pasa. Se titula en español Pandemia. La covid-19 estremece al mundo.

Y por enésima vez uno tiene la sensación de que la realidad, lo verdaderamente importante va por un lado mientras el debate político y mediático se desvía por una realidad paralela. Si uno atiende al contenido y la argumentación de algunos de los dirigentes de la oposición parlamentaria, la impresión que saca es muy simple: lo que más les preocupa, o al menos lo que más les ocupa, es la propia existencia de un gobierno de coalición que Pablo Casado considera incapaz, incompetente, mentiroso, dirigido por un presidente que va « como pollo sin cabeza, cambiando de socios sin estrategia », y al que advierte sin disimulos: « Cada votación es un suplicio para usted, y lo que reste de legislatura será un calvario » (ver aquí). Por más que Casado suba la“apuesta”, le será imposible ganar en radicalidad, extremismo y contundencia a su directo competidor. Santiago Abascal acusó directa y reiteradamente al Gobierno de « homicidio », lo responsabilizó de ejercer conscientemente una política « criminal », describió al Ejecutivo como un grupo de « matones » y afirmó que Iglesias « deja morir a los ancianos porque no le gustan los viejos » (ver aquí). Se empieza calificando de « ilegítimo » a un Gobierno que sale de las urnas refrendado por el Parlamento (como hicieron PP y Vox tras la investidura de enero) y se termina señalándolo como asesino desde la tribuna del Congreso. Sin despeinarse. No importa que el motivo de ese pleno sea aprobar o no una medida cuyo objetivo es intentar reducir a cero las víctimas de la pandemia y evitar los riesgos de un rebrote en los contagios.

A medida que los datos diarios sobre el impacto sanitario de la epidemia van mejorando, se eleva el volumen de la confrontación política en las instituciones y, lo que es peor, en las calles. Hay un hilo nada invisible entre el extremismo de la oposición de PP y Vox en el Congreso y las protestas minoritarias pero muy ruidosas que se extienden desde el barrio de Salamanca en Madrid a la periferia de la comunidad y a las principales capitales, jaleadas por dirigentes como Díaz Ayuso o el propio Abascal y en las que participan representantes de ambos partidos mezclados con los de organizaciones ultracatólicas y hasta neonazis (ver aquí). Pretenden vender que son transversales, una especie de 15-M de derechas, aunque la cosa no cuela a nada que se rasque un poco más allá del sonido de cacerolas y sartenes (ver aquí).

Lo verdaderamente transversal entre una oposición política cuyo objetivo indisimulado es derrocar al gobierno actual y grupos de manifestantes que gritan « ¡Libertad! » mientras se saltan las normas vigentes poniendo en riesgo la salud pública es exactamente esa consigna prioritaria que repiten: « ¡Gobierno, dimisión! ». Obviamente son libres de exigir y gritar lo que les dé la gana. Eso sí: respetando unas normas aprobadas precisamente para proteger la salud de todos, incluida la suya. Se trata de provocar, de trasladar a la calle la fractura y el sectarismo político, de modo que esa tensión genere algún episodio violento que a su vez justifique la acusación de caos o de represión. Todo es bueno para el convento del cortoplacismo.

Incluso pasando por encima (que ya cuesta) de la prioridad moral (y pragmática) de proteger la salud antes que la hacienda, la estrategia de la oposición choca con una realidad tozuda: hemos celebrado elecciones hace unos meses; si se respeta mínimamente la legalidad constitucional, lo que puede y debe hacer cualquier formación política democrática cuya prioridad sea cambiar de gobierno es presentar una moción de censura, como hicieron precisamente las fuerzas de izquierda tras una sentencia judicial que condenaba al PP de Rajoy por beneficiarse de la corrupción. Sería, eso sí, la única oposición en el mundo que intente echar a un gobierno en plena lucha contra la pandemia.

Hay, por supuesto, otra posibilidad de que el Gobierno actual no culmine la legislatura: perder los apoyos que permitieron su investidura o no lograr compensarlos con otros nuevos. Ahí quedan tras el pleno de este miércoles las incógnitas abiertas y los avisos lanzados por ERC o por Compromís con su rechazo o por Íñigo Errejón con su advertencia: « Esta prórroga saldrá adelante por nuestro voto, no lo olviden (…) El bloque de la investidura se desvanece, y con el apoyo de Ciudadanos no irá muy lejos » (ver aquí). Es aritméticamente así. La geometría variable puede funcionar, y además es exactamente el dibujo que ha salido de las urnas, por mucho que algunos añoren un bipartidismo que pasó a la historia. Pero si la coalición PSOE-Unidas Podemos no lograra en un futuro próximo apoyos suficientes para elaborar esos imprescindibles « presupuestos para la reconstrucción », entonces sólo hay dos vías democráticamente intachables de avanzar: o moción de confianza o elecciones anticipadas.

La cuestión clave es, como en el viejo chiste de las setas y los rólex, si estamos jugando a las cacerolas o a salvar vidas; si la prioridad es la reivindicación del independentismo catalán o impedir nuevos rebrotes del coronavirus en Cataluña (y en toda España); si se trata de intentar una salida a esta megacrisis que no deje tirados a los de siempre o de permitir que esos grupos de indignados con descapotable o henchidos de sectarismo inflamen las calles envueltos en la bandera practicando guerracivilismo; si de verdad importa garantizar la fortaleza del sistema sanitario ante probables nuevas oleadas del covid-19 o preferimos aceptar la ofensiva sandez de que un gobierno socialcomunista está empeñado en hundir Madrid simplemente porque lo gobierna una señora que vive en una suite de lujo que nadie sabe cómo se paga.

Mientras escribo estas líneas tengo delante las recomendaciones que este mismo miércoles ha hecho públicas la Comisión Europea para España: « La pandemia ha revelado problemas existentes estructurales, algunos de los cuales derivan de deficiencias en inversiones en infraestructuras físicas y defectos en la contratación y las condiciones laborales del personal sanitario » (ver aquí). Es una lástima que la Comisión Europea no advirtiera hace unos cuantos años al gobierno de Rajoy del daño que causaría recortar el gasto sanitario (en proporción al PIB y a la población, que es como hay que medirlo y no como trampean siempre los ‘cerebros’ neoliberales). Pero más triste es que haya cientos, miles o hasta millones de ciudadanos que prefieren tragar con los bulos de sus referentes políticos en lugar de comprobar que si Madrid no ha pasado aún a la Fase 1 es por lo que exponen los propios médicos de atención primaria (ver aquí), y no porque a un par de socialistas o comunistas les haya dado la neura de fastidiar a la comunidad en la que ellos mismos y sus familias y amigos viven (hasta ahora y desde marzo) confinados. ¿Podría alguien explicarme en qué beneficiaría a PSOE y Unidas Podemos hundir aún más la economía madrileña retrasando sin motivo el reseteo de la actividad? Lo difícilmente discutible es que una precipitación que provoque una nueva multiplicación de los contagios será adjudicada en cualquier caso a la « incompetencia » del gobierno central. Mientras, por cierto, uno sigue esperando lo que ya he reclamado hace semanas: un plan de desescalada para las residencia de mayores (ver aquí), el escenario con más mortalidad de toda España, competencia directa del gobierno autonómico, que hasta el momento Ayuso y sus consejeros han sido incapaces de presentar pese a la insistencia y las propuestas de responsables de centros no dependientes de esos grupos de inversores cuya prioridad ha sido y es el margen de beneficio (ver aquí).

Tengo abierto otro documento más mientras escribo: es el plan denominado ‘Activemos España’, presentado hace unos días por el PP y al que ha aludido Pablo Casado desde la tribuna parlamentaria como « alternativa » a la prórroga del estado de alarma (ver aquí). Como puede comprobarse, apenas se alude muy de pasada a las residencias, esa zona cero que es clave para entender el grado de mortalidad del virus en España y en otros países. Contiene propuestas interesantes, de hecho algunas ya están en marcha por impulso del Gobierno y de las comunidades autónomas, pero insiste con un esfuerzo digno de mejor causa en la batalla « jurídica » contra el estado de alarma. Lo cual es llamativo, porque no sólo expertos constitucionalistas o la Abogacía del Estado coinciden en defender que es la única herramienta que sirve para controlar la movilidad o imponer el confinamiento de la ciudadanía sin atropellar otros derechos fundamentales (ver aquí). Es que también van creciendo las voces que advierten de la intención final que subyace en esta letanía contra el estado de alarma: pretenden convertir una legislación contemplada sólo para situaciones excepcionales en una normativa de uso permanente por parte del gobierno de turno. ¿Puede alguien citar el caso de alguien a quien se le haya limitado su libertad de expresión por la aplicación del estado de alarma? Pues resulta que en el último barómetro de LaSexta (ver aquí) se pregunta a los encuestados si consideran que el Gobierno utiliza el estado de alarma « para incrementar el control sobre la libertad de expresión ». Una gran mayoría (64,4%) considera que no, pero el ¡100%! de los votantes de Vox (nunca vi un bloque tan homogéneo en un sondeo) cree que sí. Impresionante. Aunque sean pocos, son los mismos que golpean cacerolas cada noche o gritan « ¡asesino! » ante la casa de un ministro, jaleados por tipos que se hacen pasar por periodistas y que difaman y calumnian a cualquier medio que sólo dependa de sus lectores.

Vuelvo a Zizek, y más allá del grado de acuerdo sobre la relación entre el modelo socioeconómico capitalista y la expansión de la pandemia, me interesa resaltar la trascendencia de fijarnos en lo importante, que esta vez coincide (a mi juicio) absolutamente con lo urgente. Golpeen cuanto quieran las cacerolas, ya sea en la calle con palos o en la tribuna parlamentaria con adjetivos y graves acusaciones, pero no jueguen con las cosas de comer ni mucho menos con las de matar. Me explico con un ejemplo. Se han suspendido los cruceros, sí. ¡Gran catástrofe económica para las navieras! Pero no olvidemos que quienes dejan de viajar son los trabajadores, funcionarios, pensionistas… clase media que pagaba un billete asequible para hacer el viaje de su vida. Quienes poseen yate privado no dejarán de hacer SUS cruceros. Y antes de pelear por volver a fletar grandes barcos, ocupémonos de que los posibles clientes estén vivos. ¡Incluso de que tengan un trabajo y un salario dignos!.

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