¿Paz virtual, guerra confinada? Covid-19 y violencia en Colombia

Ce billet, écrit par John Edison Sabogal* et Laetitia Braconnier Moreno**, propose un retour sur la recrudescence de la violence en Colombie en cette année 2020 si particulière. Pour qu’il soit accessible aux lectrices et lecteurs hispanophones, il est ici publié en espagnol dans une version plus longue que l'originale, en français, réalisée pour le blog "Covidam: La covid dans les Amériques".

Version en français

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) y el Estado colombiano, el país está plagado de fenómenos de violencia extrema. Cada día parece alejarse del objetivo de "paz estable y duradera" invocado por el texto del Acuerdo, que ha sido celebrado a nivel internacional por su carácter integral e innovador. En el contexto del repunte de la violencia se encuentran la pandemia del Covid-19 y las medidas de confinamiento aplicadas desde finales de marzo hasta principios de septiembre, que convirtieron a Colombia en uno de los países del mundo con el período de confinamiento más largo. El propósito de este texto es realizar algunas reflexiones sobre cómo la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad han interactuado con la reconfiguración de la violencia armada y, al mismo tiempo, con la implementación del Acuerdo de Paz.

Aunque el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional, no firmante del Acuerdo) declaró un alto al fuego unilateral entre el 1 y el 30 de abril como resultado de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID, la violencia armada no entró bajo cuarentena ni desapareció luego del tratado de paz de 2016. 

Una primera observación aterroriza y cuestiona: Según la ONG Indepaz, mil líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta el 21 de agosto de 2020. La calificación "líderes sociales" incluye en su diversidad a representantes de los defensores y defensores de los derechos de las víctimas del conflicto, de los grupos étnicos y campesinos, de las mujeres, de personas lgbtq+, ambientalistas, sindicalistas, entre otros. Son actores locales y regionales de la "transformación" necesaria para la erradicación de las desigualdades y el fin del acaparamiento de tierras, que son causas importantes del conflicto armado colombiano. Como lo demuestra la concentración espacial de la violencia letal contra líderes (ver Mapa 1), departamentos como el Cauca (226) y Antioquia (133) son los más afectados[1]. Las disputas por el control territorial y los recursos naturales son motivos frecuentes de estos asesinatos, como lo demuestra el hecho de que Colombia fue el país con el mayor número de defensores del medio ambiente asesinados en 2019. Otros líderes son igualmente blanco de ataques debido a su compromiso con la sustitución de cultivos de uso ilícito, como parte de los programas previstos en el Acuerdo de Paz.

Esta violencia también pone en evidencia la incapacidad de las instituciones estatales para garantizar la pacificación de muchas regiones tras la retirada de las FARC en 2016. Adicionalmente, se han debilitado los instrumentos de las entidades de monitoreo de derechos humanos, tanto de carácter internacional como nacional. Entre ellas las dedicadas a la protección de los líderes sociales (Defensoría del Pueblo y Procuraduría)[2], cuya eficacia, claramente insuficiente antes de la pandemia, se ha visto aún más diezmada por las medidas de confinamiento y el avance de la pandemia que reduce la presencia institucional en los territorios. Las estrategias de diálogo social entre las autoridades y las organizaciones locales se han visto afectadas por las medidas de contención y la dificultad de acceso a las zonas periféricas, donde no existen o cuentan con precarios servicios de salud para tratar a las posibles personas infectadas.  

Además de los asesinatos de líderes sociales, tampoco ha habido tregua en los asesinatos de exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz (ver mapa interactivo). Según las cifras de Indepaz para el período mencionado (noviembre 2016-julio 2020), 211 de excombatientes fueron asesinados, lo que llevó a que cientos de ellos se movilizaran hasta la ciudad de Bogotá en una Peregrinación por la vida exigiendo garantías al actual gobierno. De manera similar a los asesinatos de líderes sociales, departamentos como Cauca (37), Nariño (25), Antioquia (24) y Caquetá (20), son las zonas más peligrosas para quienes han entregado las armas y han confiado en el proceso de paz. Aunque la Fiscalía General de la Nación afirma que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por grupos disidentes de las FARC, que no aceptaron el tratado de paz o que se rearmaron debido a la falta de implementación del acuerdo, en muchas zonas el control neo paramilitar imperante está detrás de los asesinatos. Sin lugar a duda, las economías iliciticas del narcotráfico y la minería siguen siendo los motores de estos viejos y nuevos grupos armados.

 © Defensoría del Pueblo - Colombia © Defensoría del Pueblo - Colombia
Luego de la desmovilización de las FARC-EP, diferentes grupos compiten por el control de las poblaciones, territorios y rentas económicas de las actividades ilegales. Un ejemplo de esta pugna armada tras la desmonopolización de la violencia ejercida por las FARC-EP se observa en el Cauca, donde luego de la desmovilización de estructuras dominantes durante décadas como el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas, diferentes grupos disidentes han buscado posicionarse: la Columna Jaime Martínez, la Columna Dagoberto Ramos, la Columna Carlos Patiño[3] y, más recientemente, la Segunda Marquetalia[4]. Todos estos grupos se enfrentan o buscan alianzas con el ELN, los cárteles de la droga y los grupos neo-paramilitares, estos últimos reorganizados de forma continua tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005 durante el proceso de "Justicia y paz".

Panfleto con restricciones en municipios del Cauca firmado por la Columna Jaime Martínez, grupo disidente de las FARC-EP Panfleto con restricciones en municipios del Cauca firmado por la Columna Jaime Martínez, grupo disidente de las FARC-EP
Otra modalidad de violencia destacable son las masacres, que han afectado particularmente a las poblaciones rurales. Más de 67 masacres han sido registradas por Indepaz, corroboradas por la ONU, para el período de enero a octubre de 2020, 11 de las cuales tuvieron lugar en agosto y 16 en septiembre. Nuevamente, los departamentos más afectados siguen siendo Antioquia (15), Cauca (9), Nariño (9) y Norte de Santander (6). Durante el confinamiento y la pandemia, este repertorio de violencia ha tomado aún más relevancia. En muchos territorios rurales, los grupos armados se encargaron de hacer cumplir, mediante amenazas y asesinatos, el confinamiento decretado por el gobierno. Distribuyeron panfletos destinados a reforzar el aislamiento y evitar el aumento del contagio, que establecían restricciones de movilidad, limitaciones de actividad y amenazas para los habitantes. El mapa  muestra justamente las "expresiones de violencia justificadas en la emergencia sanitaria por grupo armado" y las zonas en las que se distribuyeron los panfletos. Cada soldado y zona de color representa un grupo armado diferente.

En este complejo contexto de reconfiguración del conflicto armado y la pandemia del COVID 19, vale la pena preguntarse por ¿cómo han progresado los mecanismos de justicia transicional previstos en 2016 en relación con los derechos de las víctimas del conflicto armado? 

El avance virtual de la paz

El Acuerdo de Paz creó tres instituciones transicionales para juzgar a los responsables, establecer la verdad sobre el conflicto y dar con el paradero de las personas desaparecidas durante la guerra: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)[5]. En el último informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame se observa un retraso considerable en la implementación de la mayoría de los puntos del Acuerdo, en particular los relativos a aspectos nodales como la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la Reforma Rural Integral (el primer punto del Acuerdo de Paz, destinado a reestablecer los derechos de las poblaciones campesinas mediante la transformación estructural de las zonas rurales y la reducción de la concentración de la propiedad de la tierra). El punto cinco, referido a la reparación de las víctimas, es el que presenta los mejores indicadores de avance contando con las tres instituciones mencionadas, que empezaron a funcionar. Por supuesto, como resultado de la pandemia, muchas de las actividades de estas instituciones en diferentes partes del país se han vuelto virtuales, lo que ha planteado un desafío adicional en la necesidad de descentralizar la acción y acercar los mecanismos transicionales a las víctimas y territorios más afectados por la guerra.

Audiencias publicas de la JEP para el macro caso sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado © Jurisdicción Especial para La Paz -  Colombia Audiencias publicas de la JEP para el macro caso sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado © Jurisdicción Especial para La Paz - Colombia
Desde el mes de mayo, la JEP, encargada de juzgar y sancionar a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto, estableció audiencias virtuales bajo la estrategia denominada Justicia digital. Meses después, a petición explícita de los dirigentes del antiguo grupo guerrillero de las FARC-EP, la JEP decidió hacer públicas ciertas diligencias del macro caso 007, relativo al reclutamiento forzoso de menores, un delito especialmente sensible para la opinión pública y sobre el cual sectores opuestos al Acuerdo de Paz han exigido resultados concretos. Las audiencias de la JEP de este macro caso han sido seguidas por miles de colombianos en las redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, la virtualidad contrasta fuertemente con los principios operativos de este tribunal especial. Por una parte, el objetivo de la JEP era mostrar un fuerte anclaje territorial y practicar la justicia cerca de las comunidades, especialmente de las víctimas, en diferentes rincones del país. En este sentido, a pesar de los numerosos procedimientos que pueden realizarse en línea, la imposibilidad de que los magistrados, comparecientes y víctimas se puedan encontrar ha constituido nuevas barreras para el avance idóneo de la jurisdicción.

Adicional a este enfoque territorial, la JEP busca aplicar en sus diligencias un principio "dialógico", destinado a materializar la centralidad de las víctimas en los juicios y a permitir que éstas intercambien directamente o mediante sus representantes legales con los autores de los delitos, con el doble objetivo de reconstruir la verdad sobre los hechos y promover el perdón y la reconciliación.

Pero ¿cómo se pueden garantizar estos principios cuando no se cumplen las condiciones de una conexión adecuada para una gran parte de las víctimas que residen en los territorios más aislados? Por ejemplo, la JEP ha buscado mantener este principio dialógico en las audiencias del macro caso 005 relativo a los hechos de violencia ocurridos en el Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Las organizaciones de víctimas, en su mayoría indígenas y afro, se han conectado a plataformas digitales para escuchar e interrogar, a través de sus abogados, a diferentes comparecientes de las FARC-EP. Sin embargo, el principio dialógico y la narración de hechos frente a una pantalla no tienen muchas veces el mismo impacto que si se realizaran en el espacio físico de tribunal de justicia. Las confesiones sobre los crímenes cometidos, la presentación de disculpas, la petición de perdón, así como el diálogo entre las víctimas y victimarios, cuando tienen lugar virtualmente, podrían dificultar la buscada reparación simbólica de la justicia transicional.  

Encuentro virtual organizada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el 13 agosto de 2020: «Impactos del conflicto armado en la familia negra» © Comisión para el esclarecimiento de la verdad - Colombia Encuentro virtual organizada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el 13 agosto de 2020: «Impactos del conflicto armado en la familia negra» © Comisión para el esclarecimiento de la verdad - Colombia
La Comisión de la Verdad (CEV) también ha sufrido directamentelas consecuencias de la pandemia. La comisionada Ángela Salazar, ella misma víctima del conflicto armado, murió el 7 de agosto de 2020 tras estar hospitalizada por el COVID 19. Interpelada por estos vientos en contra y en un contexto de permanentes ataques por parte de sectores conservadores opuestos al proceso de paz, la CEV decidió desarrollar la restante recolección de testimonios y buena parte de la estrategia de diálogo social por vía virtual. Este último componente busca que víctimas, excombatientes y sociedad civil se reúnan para reflexionar sobre lo ocurrido durante la guerra, reconociendo las responsabilidades y realizando acciones de reconciliación. En algunos municipios particularmente afectados por el conflicto, este mecanismo ha buscado el reconocimiento explícito y público de la responsabilidad de los responsables. Así mismo, ha facilitado espacios para que comandantes guerrilleros y paramilitares reconozcan crímenes importantes como ocurrió con la confesión de Salvatore Mancuso sobre la desaparición del líder indígena Kimy Pernía. Pero aquí, no sólo las restricciones sanitarias, sino también el resurgimiento del conflicto armado a nivel local, dificultan estos actos simbólicos de reconocimiento.

Por último, la UBPD se enfrenta al reto titánico de encontrar a cerca de 120.000 personas (según sus estimaciones) que han desaparecido como consecuencia del conflicto armado. A las muchas dificultades que tienen las víctimas para acceder a los canales virtuales y al recrudecimiento de la violencia armada, se añade aquí un nuevo desafío. La necesidad de inhumar los cuerpos de las víctimas de la pandemia -más de 35.000-, supone una amenaza de manipulación indebida de cuerpos de personas no identificadas en miles de cementerios del país, quienes son personas desaparecidas cuyos familiares los han buscado durante décadas. Se estima que en los cementerios de Colombia hay 26.000 cuerpos de personas no identificadas. El riesgo que sean manipulados de manera irresponsable con el fin de inhumar el gran número de personas fallecidas por la pandemia, constituiría un daño incalculable para la búsqueda de personas desaparecidas liderada durante muchos años por familias y organizaciones de la sociedad civil.

Pandemia, movilización y espiral de violencia

Si el Acuerdo de Paz de 2016 no ha logrado poner fin completamente a la violencia en Colombia, la pandemia del Covid-19 ha empeorado considerablemente la situación de desigualdad en el país. Por una parte, la pandemia evidenció una vez más problemas estructurales como la corrupción y la inequidad, puso de manifiesto el control armado que ejercen muchos grupos en diferentes zonas del país y, a su vez, ha sido un impedimento adicional para las acciones de reconciliación y reparación consignadas en el acuerdo de La Habana. Sin embargo, si la virtualidad como estrategia de avance mostrara alguna virtud, sería la de haber facilitado y multiplicado los diálogos públicos sobre las múltiples experiencias del conflicto armado, como lo mencionan los comisionados de la CEV. De este modo, una gran variedad de actores que suelen estar aislados de la realidad colombiana -y no sólo a causa de la pandemia- se han reunido en múltiples espacios virtuales y han podido hacer oír sus voces.  

Es de esperar que estos encuentros hayan sido seguidos a escala masiva y sigan abriéndose camino, en particular a través de las redes sociales, para promover no sólo la no repetición de los hechos, sino también la "no-continuidad" del conflicto. La movilización social, reactivada para exigir garantías del gobierno frente a la crisis socio-económica de la pandemia y la violencia, ha comenzado nuevamente a articular diferentes sectores sociales, retomando plazas y calles para rechazar el repunte del conflicto, exigir el cumplimiento del Acuerdo de paz y pedir cambios estructurales en el Estado para contener los efectos de la pandemia. La minga de suroccidente, que llevó desde el Cauca a miles de indígenas, campesinos y afros hasta Bogotá, a pesar de no lograr como uno de sus objetivos discutir con el presidente, demostró que la movilización continuará como la forma privilegiada de interpelar al gobierno y exigir las transformaciones necesarias.

 

[1] Cifras de Indepaz al 15 de julio de 2020.

[2] Ver intervenciones de Isabel Zuleta, del movimiento Rios Vivos, y de los profesores Rodrigo Uprimny y Cielo Rusinque, Foro virtual : la protección del derecho a la vida de los líderes sociales en Colombia, 30 de junio de 2020 (conclusiones).

 [3] Según una reciente entrevista al comandante alias "Jonnier" de las disidencias, estos tres grupos harían parte de las estructuras de Gentil Duarte y se aglutinarían en el denominado Comando Coordinador de Occidente (Ver entrevista).

[4] La cual está al mando de Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. 

[5] Las tres conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

 John Edison Sabogal est antropologue et psychologue de l’Université Nationale de Colombie, Master en Études Politiques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Depuis novembre 2019, il travaille avec l’Unité de recherche des personnes considérées comme disparues (UBPD) en Colombie.

Laetitia Braconnier Moreno est coordinatrice du pôle andin de Bogota de l’Institut des Amériques et doctorante à l’Université Paris Nanterre (CREDOF) et à l’Université Nationale de Colombie (EILUSOS). Ses recherches portent sur la justice transitionnelle, le pluralisme juridique et les droits des personnes migrantes.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.