Referendum catalán: el proceso continúa

El Tribunal Constitucional suspendió este lunes la consulta popular prevista para el 9 de noviembre, sin embargo, el parlamento catalán continúa los preparativos y elegirá hoy a los miembros de la junta electoral; desde París, el periodista argentino Leonardo Plasencia cuenta los detalles de la crisis política española

 

1 de octubre de 2014. Participación en el programa de radio argentino "Rico al Cuadrado" para discutir sobre la suspensión del referendum independentista de Catalunya.

Leonardo Plasencia

 

 

 

Las tensiones entre el Ejecutivo español y el Gobierno regional de Catalunya entraron en una nueva etapa. Desafiando la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referendum independentista numerosos funcionarios de la Generalitat aseguraron que el proceso continúa. Las fuerzas soberanistas catalanas se encuentran en pleno auge tras la realización de la consulta popular escocesa el pasado 18 de septiembre. Los partidos de esa región pidieron a Mariano Rajoy que imite a su par británico y permita a los catalanes decidir su futuro.

 

El 27 de septiembre, el presidente de la Generalitat (gobierno catalán) Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta popular. El mismo, se realizó según el acuerdo firmado el 12 de diciembre de 2013 por el partido en gobierno (Convergencia y Unidad) y el resto de las fuerzas soberanistas, en base a la Ley de Consultas No Referendarias y Participación Ciudadana que fuera aprobada por el Parlamento de Catalunya el 19 de septiembre de 2014. El presidente Mariano Rajoy rechazó desde un comienzo la iniciativa del gobierno regional. Madrid presentó el lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria firmado por el presidente Mas.


El recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Ejecutivo español fue estudiado rapidamente por el Tribunal, que decidió suspender inmediatamente la ley de consultas. La medida cautelar es de caracter temporal y prevée un lapso no mayor a cinco meses para encontrar una solución de fondo a la problemática que desatara la crisis política entre la región norteña y el gobierno central.

 

Ante la decisión del Tribunal, el gobierno de Catalunya ha decidido suspender la campaña institucional que promueve la participación para el referendum del 9 de noviembre. Sin embargo, el Parlamento regional tiene previsto designar hoy a los miembros de la Comisión de Control de la consulta. La medida cuenta con el rotundo apoyo de los partidos soberanistas que manifestaron la necesidad de continuar con la iniciativa a pesar del revés legal.

 

Por su parte, el Partido Popular intentará retirar la votación de la orden del día y pidió a Artur Mas paralizar todos los preparativos de la consulta "ilegal", de lo contrario el gobierno catalán podría ser sujeto a una denuncia de tipo penal. La representante regional del PP, Alicia Sanchez Camacho afirmó hoy en conferencia de prensa que de continuar con la iniciativa la Generalitat podría ser denunciado por "malversacion de fondos publicos, de los impuestos que pagamos todos los catalanes, que siguen siendo utilizados para un acto que está suspendido y que es ilegal".

 

No obstante, el portavoz del gobierno regional Francesc Homs recordó que la decisión del Tribunal Constitucional no es definitiva e inapelable. "Lo que hay es una suspensión cautelar, lo lamento por aquellos que creían que la partida ya se había acabado", ironizó. Desde el Ejecutivo catalán anunciaron hoy que convocarán a los partidos pro-consulta para preparar la estrategia a seguir y aseguraron que presentarán alegaciones ante la decisión del Tribunal. El gobierno catalán tiene derecho a presentar alegaciones, en un plazo de 15 días para alegar en contra de la suspensión de la ley de consultas, y de 20 días si alegan contra la suspensión del decreto de convocatoria.

 

Enrique Arnaldo, catedrático de Derechos Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, afirmó a la cadena española TVE que el gobierno catalán "tiene el derecho de pedir que se levante la suspensión, y a su vez el Tribunal haría el traslado del pedido al Gobierno de la Nación". Si el Ejecutivo español, como es de esperarse, se niega a levantar la suspensión, la Generalitat se vería imposibilitada legalmente a realizar siquiera preparaciones para dicha consulta. De hacerlo, según el derecho penal español, el gobierno catalán incurriría en un delito. Según el constitucionalista, el presidente de la Generalitat Artur Mas podría ser denunciado por prevaricación, malversación de caudales publicos, y hasta por delito de sedición.

 

La situación de catalunya ha sido el centro del debate en la sesión de control al gobierno en el Senado. El legislador catalán José Luis Cleries interpeló al presidente español a quién acusó de carecer de valores democráticos. "Yo puedo entender que usted no quiera la independencia de Catalunya, lo que no entiendo es que usted no respete la democracia, que diga que votar es ilegal". Ante tal acusación Mariano Rajoy respondió que "un gobernante, no puede hacer lo que quiera, hay que ajustarse a la ley, puede no gustarle la ley, pues intente cambiarla, pero por los procedimientos que establezca la propia ley". La Constitución española estipula en su artículo 2 "la indisoluble unidad de la Nación española" y precisa en su artículo 92 que todo referendum debe dirigirse a "todos los ciudadanos" del país y no solamente a una región.


Más de un millón de personas salieron a las calles el 11 de septiembre de 2012, en el marco de la Diada catalana que conmemora la caída de Barcelona frente a las tropas del Rey Felipe V, que aboliera las leyes y las instituciones catalanas. En el marco de una feroz crisis económica, la fuerzas nacionalistas lograron ese año canalizar el sentimiento soberanista tras la negativa de Madrid de permitir a la región la administración de sus propios impuestos. En 2014, a exactamente tres siglos de la derrota frente a los borbones, casi dos millones de personas (25% de la población total) salieron a las calles para exigir al Ejecutivo nacional la realización del referendum independentista. Constitucional o inconstitucional, el presidente Artur Mas llegó al poder con el mandato de una consulta popular. Así las cosas, los representantes de los diferentes partidos soberanistas ya han declarado que cualquiera sea la decisión legal, el referendum, tendrá lugar el 9 de noviembre de este año.-

 

 

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