Varios indicadores económicos y sociales de Chile son auspiciosos. Su tasa de crecimiento ha sido en los últimos años elevada, la inversión con relación al producto es de las más altas de América Latina (24 por ciento) y la inversión del sector privado (22 por ciento del pbi) es la más elevada de la región; no sólo invierte en su territorio sino que desde hace años es uno de los inversores relevantes en América del Sur, sólo por detrás de Brasil y México, países con economías mucho más grandes; y varios indicadores sociales (esperanza de vida, pobreza, desempleo y otros) lo ubican entre los mejores. No obstante, el "modelo chileno" tiene también puntos oscuros y Bachelet ha anunciado, durante la campaña, que se propone enfrentarlos.
En 2012, según información de la cepal, los tres países más desiguales de América del Sur, medidos por el índice de Gini, eran Colombia (0,57), Brasil (0,568) y Chile (0,53). La desigualdad en Chile tiene raíces históricas antiguas pero el largo período pinochetista acentuó y consolidó la distancia entre ricos y pobres. Según un estudio de la Fundación Sol el 1 por ciento más rico acapara el 31 por ciento del ingreso y el 5 por ciento más rico percibe 257 veces más que el 5 por ciento más pobre (Marcos Kremerman, Fundación Sol, Santiago, y El País, Madrid, 16-XII-13). Tal el reto que tendrá por delante Bachelet si, como anunció, se propone reducir la desigualdad y hacer de Chile un país desarrollado.
Una mirada al mercado de trabajo indica, según la misma fundación, que el 50 por ciento de los trabajadores chilenos percibe cada mes menos de 345 euros (es decir, menos de 10 mil pesos uruguayos, un calco de los "diezmilpesistas" orientales) , y las trabajadoras suelen percibir, en promedio, un 30 por ciento menos. La discriminación de género alcanza a las altas esferas empresariales: las mujeres no llegan al 3 por ciento en los puestos ejecutivos altos. Además, la brecha entre un gerente general y el trabajador que menos gana supera las cien veces.
Cuando los trabajadores concluyen su etapa activa perciben una jubilación. El régimen chileno de afp (fondos de pensión) consiste en que, durante la actividad, el trabajador aporta a un fondo que cobra una comisión por administrar, invertir y capitalizar esos recursos. Se ha señalado con frecuencia que el régimen chileno, de "capitalización pura", impide que la seguridad social termine succionando los recursos públicos y permite que, a diferencia de lo que ocurre en el "sistema de reparto", las jubilaciones se adjudiquen sin discrecionalidad y la relación entre lo aportado y lo percibido (menos comisiones) sea matemáticamente exacta.
Ahora bien, en un país de bajos salarios, con transferencias muy focalizadas, la consecuencia de un régimen de "capitalización pura" será, inevitablemente, jubilaciones paupérrimas. Un trabajo reciente de la cepal muestra las jubilaciones que, en promedio, reciben los pasivos de 65 años o más en varios países de América Latina. En dólares de 2005, en 2011 la jubilación promedio de Brasil era de 329,6, la de Uruguay de 329,8, la de Costa Rica de 291,5. El promedio para los países de América Latina se ubicaba en 233,5 dólares. En Chile era de 219,3, una de las peores de la región.
PROPUESTAS. ¿Qué hará el nuevo gobierno para comenzar a corregir esta situación en el mercado laboral y en las pasividades? Bachelet ha anunciado dos iniciativas, aunque, seguramente, su "paquete" de medidas es más amplio. Ha dicho que creará una afp estatal y que impulsará una reforma tributaria que elevará la recaudación en tres puntos del pbi.
En cuanto a la primera propuesta, el régimen chileno de "capitalización" tiene décadas, está consolidado y algunas pocas grandes empresas concentran a la gran mayoría de los afiliados. A priori no es para nada evidente que una afp pública pueda abrirse camino y gravitar en el mercado. Pero habrá que esperar a que se conozca el proyecto completo.
El incremento en tres puntos de la carga tributaria, que Bachelet podrá impulsar sin contratiempos parlamentarios pues la coalición triunfadora dispone de mayoría en ambas cámaras y la reforma tributaria requiere mayoría simple, puede tener consecuencias de cierta relevancia en Chile, un país de carga tributaria relativamente baja.
La carga en el período 2008-2010 como porcentaje del pbi era de 34 en Brasil, 32 en Argentina, 25 en Uruguay, 22,5 en Costa Rica y 19 en Chile (cepal). Tres puntos adicionales equipararían la carga chilena a la de Costa Rica, lo cual, en principio, lleva a pensar que "no se sacudirán las raíces de los árboles" y serán manejables las resistencias de los afectados. En 2012 el pbi de Chile se ubicó en 268.310 millones de dólares, de manera que la recaudación adicional, para ese año, habría sido de 8.049 millones. Una cifra nada despreciable, sobre todo si se emplea con puntería en el objetivo que se persigue (un tópico en el cual la administración gubernamental chilena suele ser más eficiente que la media regional)
La propuesta de Bachelet tiene el coraje de enfrentar el tema de la desigualdad que ha sido hasta ahora bastante tabú. Pero, en realidad, la pregunta pertinente es si la desigualdad chilena guarda relación con lo que produce y exporta ese país. Entre 1990 y 2011 Chile ha hecho una apuesta fuerte a la suscripción de tratados de libre comercio (tlc). En ese período suscribió 25 tlc, cuatro de ellos con los principales polos de la economía mundial: Estados Unidos, China, Unión Europea y Japón.
Al hacerlo, buscó mercados para sus productos de exportación y admitió la plena apertura de sus importaciones así como los temas nuevos del comercio internacional (liberalización por lista negativa de servicios; liberalización de las compras gubernamentales, un acuerdo sobre propiedad intelectual del tipo omc plus; acuerdos complementarios acerca del tratamiento de la inversión extranjera y prohibición de recurrir al control del ingreso de capitales de corto plazo).
Después de tanto énfasis en el camino de los tlc cabría esperar algunos resultados. ¿Quizá Chile, tan prolijo en sus comportamientos y en muchos de sus resultados, ha pegado un salto cualitativo por medio de los tlc? Entonces, ¿cuáles son los principales rubros de exportación del país trasandino y cómo han evolucionado?
Chile asumió obligaciones y limitaciones muy severas a cambio de un incremento muy significativo de sus exportaciones de cobre, un producto que -con o sin tlc- hubiera colocado con toda facilidad en el mercado mundial, sobre todo después de que la demanda asiática se disparó.
Primarización
De hecho, contra la expectativa de los promotores de los tlc, Chile ha ido avanzando hacia la condición de cuasi monoexportador. Con sus instituciones, su convivencia democrática y el inteligente manejo de sus políticas, Chile no es, obviamente, una república bananera. Por lo demás, según un estudio reciente de la Universidad de Chile, las expectativas del cobre en el mercado mundial (en cuanto a la demanda y al fantasma de la sustitución) son buenas. Aun así, no estaría de más preguntarse qué ocurriría con el "modelo chileno" si el cobre llegara a desplomarse. Una pregunta muy semejante a la que hace muchas décadas algunos centroamericanos se hacían con respecto al eventual desplome del precio de la banana.
El cobre es un bien primario pasible de producirse y exportarse con valor agregado y con cierta diferenciación. No obstante, se ha exportado militantemente, tanto durante el pinochetismo como durante la concertación, como un simple bien primario. Ese bien primario era exportado tradicionalmente por la estatal Codelco pero se han agregado, después del pinochetismo, Billton, Xstrata, Angloamerican y Antofagasta, empresas trasnacionales cuya especialidad es la extracción y exportación de cobre en bruto, tal como en la primitiva época de los Guggenheim.
Ahora bien, ¿existe alguna relación entre la tendencia hacia la cuasi monoexportación de cobre y la desigualdad que aqueja a la economía y la sociedad chilenas?¿Lo que un país produce no determina los empleos que crea, las capacidades que demanda y, consecuentemente, los salarios que paga? Ese entrañable país trasandino, primero en tantos indicadores, está lamentablemente al final de la tabla en la más difícil y decisiva de las pruebas: cambiar con eficacia el modelo productivo.
El economista y presidente de la ONG Chile Cobre y director del comité de Defensa de Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, señala que :
“Chile nunca necesitó de la inversión extranjera”
Publicado en Primera Piedra N°544 Análisis Semanal del 18 de noviembre de 2013
La reciente encuesta CEP, además de medir las preferencias netamente políticas, y en particular por los candidatos presidenciales, también realizó una encuesta sobre 12 propuestas tan diferentes como legalizar la marihuana, con un apoyo de 40%, asamblea constituyente 45%, hacer una reforma tributaria 67%, y Nacionalizar el cobre con un extraordinario apoyo del 83% de los encuestados. Este reconfortante apoyo para nacionalizar el cobre es además transversal, y va más allá de las preferencias políticas, puesto que si bien el 88% de los que se identifican con la izquierda o centro izquierda apoyan esta propuesta, también lo hacen el 77% de los que tienen una posición política de derecha o centro derecha.
Tan transversal es este apoyo a la nacionalización, que el 81% de las personas del nivel socioeconómico bajo apoya esta propuesta, pero también lo hace el 80% el nivel socioeconómico alto.
En función de la edad, el 88% de los jóvenes entre 25 y 34 años, y 84% de los jóvenes entre 18 y 24 años. No cabe duda que es el movimiento estudiantil del año 2011 que hizo crecer extraordinariamente el apoyo a la nacionalización del cobre, como una forma de financiar la educación gratuita, aunque este apoyo ya era importante anteriormente, puesto que el mismo año 2011, una encuesta realizada por el CERC, mostraba que el 67% de los chilenos estaba de acuerdo con nacionalizar las empresas de la gran mineria.Y este apoyo también era homogéneo y transversal, puesto que el 74% de los que votan por la UDI estaba de acuerdo con la nacionalización, igual porcentaje que los que votan por el PS (74%) y solo ligeramente inferior a los que votan por el PC (76%).
Pasar en apenas dos años de un apoyo a la nacionalización del cobre del 67% al 83% de la población, es un salto cualitativo muy importante, y es indudable que en ello las luchas estudiantiles por una educación pública gratuita han influido en este espectacular repunte de la nacionalización. La encuesta CEP revela también que priorizar una educación universitaria gratuita es prioridad nacional al alcanzar el apoyo del 74% de la población. Si bien el apoyo a la educación gratuita el movimiento estudiantil lo ha logrado con muy impresionantes movilizaciones que han tenido una gran cobertura en la televisión y demás medios de comunicación, pero la espectacular toma de conciencia del pueblo chileno por la nacionalización, se ha logrado prácticamente sin ninguna presencia en la televisión y otros medios de comunicación, salvo precisamente la de los estudiantes que lograron levantar la consigna: nacionalización del cobre para financiar la educación gratuita.
¿Puede la nacionalización de la gran minería privada financiar la educación gratuita? No solo puede sino que sobrarían además miles de millones para la salud y la vivienda. Pensemos en esto. Hace 50 años gobernaba en Chile el último presidente elegido democráticamente, antes de la dictadura, don Jorge Alessandri, y en ese tiempo toda la educación en Chile era absolutamente gratuita, y con una educación universitaria muy superior en calidad a la que tenemos hoy, sin embargo, Chile producía en ese tiempo solo 0,5 millones de toneladas de cobre, y hoy producimos 5,5 millones, 11 veces más
que hace 50 años. Entonces ahora los recursos sobran.
¿Cuáles son los recursos que podría captar el Fisco si se nacionaliza toda la actual minería extranjera? Saquemos las cuentas. Las empresas extranjeras producen hoy cerca de 4 millones de toneladas de cobre, que al precio promedio del año 2013 de US$ 3,35
la libra, equivale a US$ 29.500 millones de dólares, y como el costo máximo sería de US$ 1,2 la libra, la utilidad líquida o renta del recurso sería de US$ 19.000 millones. Eso es lo que se ganaría con la nacionalización de la gran minería privada.
Pero los recursos que puede aportar la nacionalización pueden ser aún muy superiores, puesto que en la actualidad Chile produce alrededor del 55% del cobre de mina que se comercializa en el mundo, porcentaje muy superior al que tienen los 11países de la OPEP en el petróleo. Esto quiere decir que Chile puede fijar el precio de exportación de su cobre, y si lo fija en US$ 4 dólares la libra, la renta que aportaría la nacionalización de la gran minería privada sería de U$ 25.000 millones, y si el precio lo fijamos en US$ 5 la libra, los aportes al Fisco alcanzarían a US$ 33.000 millones, solamente tomando en cuenta el cobre. Pero además podríamos fundir y refinar la totalidad de la producción en Chile, creando miles de empleos calificados, y se recibiría por parte baja otros US$ 10.000 millones con la venta de todos los subproductos que hoy se llevan gratuitamente en los concentrados. Esto significa que Chile recibiría alrededor de US$ 43.000 millones todos los años, si nacionalizamos todas las actuales empresas de la gran minería.
Además es necesario considerar que estos cálculos lo estamos haciendo en base a las cifras oficiales de producción y exportación, sin considerar la evasión. Por ejemplo, pueden declarar que un barco se lleva 100 mil toneladas de concentrado, pero en realidad pueden llevar 120 mil o más toneladas. Declaran que el contenido de cobre del concentrado es de 32%, pero puede ser de 40%, y también sub declaran el oro, la plata, molibdeno y otros metales preciosos. Todo ello se terminaría, por lo que los beneficios de la nacionalización podrían aumentar considerablemente, mientras que ahora, el año 2012, estas mineras tributaron cerca de US$ 4.500 millones en total, sumando impuesto de primera categoría, impuesto adicional y el específico, más conocido como royalty. Es decir casi 10 veces menos que si estuviera todo nacionalizado.
Es fabuloso lo que la nacionalización de la gran minería puede aportar al país, y es por ello que es reconfortante que el 83% de nuestro pueblo apoye esta medida. Lo lamentable, es que un solo candidato presidencial, Marcel Claude, plantea la nacionalización en su programa presidencial, mientras que la Sra. Bachelet, no dice absolutamente una sola palabra sobre la nacionalización, y en su programa sobre la minería, no toca a la gran minería ni con el pétalo de una rosa. No asoma el más mínimo cambio tributario para la minería. Quien no quiera creerlo, ingrese a www.michelle.cl,
abra el programa presidencial, y vaya a las páginas 72 y 73 donde se encuentra el programa sobre minería. Este programa en su totalidad es retórica sin medidas concretas, salvo que le van a bajar los impuestos a los más ricos de Chile, de 40 a 35%, eso sí está expresamente prometido en la reforma tributaria.
Con el actual apoyo de 83% de la población a la nacionalización del cobre y de 74% a la educación universitaria gratuita, es un claro indicio que las movilizaciones sociales se verán fortalecidas el próximo año 2014, porque en el programa de Michelle Bachelet, tampoco se contempla la educación universitaria pública gratuita.
Aprofundizar el tema en www.defensadelcobre.cl