La Comisión Europea, la superpotencia sin adversario

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La entidad más poderosa de la UE cambiará de presidente después de las elecciones. El próximo mandatario tendrá que enfrentarse al ‘desengaño’ de los ciudadanos.

Cerca de 390 millones de personas están convocadas a las urnas hasta el domingo para  elegir a los 751 diputados del Parlamento de la Unión Europea. La abstención ha sido tradicionalmente alta y las últimas  encuestas revelaron que la mayoría de  ciudadanos no confían en la Unión Europea (UE) y sus instituciones.

Una de las críticas es la opacidad del sistema, por considerarlo alejado de las preocupaciones concretas de la gente.

Por primera vez, los diputados electos tendránmás poder en la designación del presidente de la Comisión Europea (CE), lo que antes se hacía solamente por vía consultiva. Esta medida se fundamenta en el tratado de Lisboa de 2009.

La CE nació en 1957 con el Tratado de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), que antecedió a la UE.  Desde entonces es la primera entidad supranacional y tiene un presidente. Actualmente, la ‘guardia de los tratados’, como también se conoce a  este organismo, se compone  de 28 comisionados, uno por cada país.

Con los acuerdos y tratados suscritos por los países miembros, la CE no solo actúa como el motor de la integración económica sino también en la orientación política de la UE. Sin embargo, frente al débil poder del Parlamento, los comisionados actúan sin enfrentar un contrapoder equivalente.

A pesar de reivindicarse como “independientes” de los gobiernos nacionales y “proceder por el interés general de la Unión”, los miembros de la CE siguen una línea política común. Pragmáticamente, las autoridades nacionales los nombran en función de la mayoría política de cada país. Así, la CE la componen casi íntegramente miembros del Partido Popular Europeo (PPE), es decir, la derecha liberal.

Durante la crisis, la CE impulsó  medidas antipopulares. Junto al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), esta comisión forma parte de la Troika, que propuso como única salida  el ‘rigor presupuestario’, un término suave para decir austeridad. Todos los países cuidaron más de sus déficits y rindieron cuentas regularmente ante la UE.

Las “reformas” se hicieron más intensivas en los países del sur de Europa, los más afectados por la crisis. En contraparte a la ayuda financiera, la Troika exigía cambios estructurales. Grecia fue el ‘laboratorio’ de los ajustes. La recesión mundial añadida a las malas prácticas gubernamentales agudizaron la crisis. La respuesta de las instituciones fue radical: recortes en la inversión estatal, reducción de salarios, privatizaciones masivas de los servicios públicos, etc.

Luego, el presidente de la CE, José Manuel Barroso, admitió que la política de austeridad “alcanzó sus límites”. Un ‘mea culpa’ que no mejoró la situación de los griegos que pagaron el precio de la crisis. Al finalizar los planes de ayuda, Grecia vive una crisis sanitaria y humanitaria: la pobreza aumentó considerablemente y el 30% de la población no tiene seguridad social. Por ejemplo, la mortalidad infantil aumentó un 43% entre 2008 y 2010.

La imposición de medidas de austeridad que beneficiaron a pocos y la orientación política de las instituciones de la UE  reavivaron el debate sobre el conflicto de intereses. Varias asociaciones como la Corporate Europe Observatory (CEO) y Greenpeace denunciaron la importancia del lobby empresarial en los centros de decisión de la UE. Se estima que 1.700 ‘lobbyistas’ están presentes en Bruselas, donde se encuentra la sede de la CE, para influir sobre las decisiones de la UE.

Una de las atribuciones de la Comisión Europea es fomentar los intercambios económicos dentro y fuera de la UE. En menos de 20 años, los tratados de Libre Comercio entre el Viejo Continente y otras zonas del planeta se multiplicaron. Al aplicarla con sus vecinos cercanos, como Magreb o Turquía, la influencia europea desea extenderse aún más.

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