LA AEDIDH CONDENA LA AGRESIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA

LA AEDIDH CONDENA LA AGRESIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN
VENEZUELA
El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B.
de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue
precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de
Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de
sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de
puertos venezolanos.
En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los
EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando
más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la
oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando
unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio
presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos
fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un
tribunal local de narcotráfico y terrorismo.
Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el
presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues
suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la
Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición
de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia
política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción
interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de
conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las
inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de
Estado y de Gobierno en activo.
El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado,
en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y
a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado
propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras
riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos
humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión
internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la
atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa
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humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la
detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete
millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales
violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por
los crímenes de lesa humanidad cometidos.
El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de
Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023,
(https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido
también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión,
colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una
atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art.
2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones
internacionales" (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art.
3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8).
Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho
a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no
repetición” (art. 7.7).
Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a
la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y
desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que
responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya
ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México,
incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra
fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el
mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en
defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho
humano a la paz.
En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de
determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a
todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En
particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho,
asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas,
incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y
democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo
venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a
sus representantes políticos en el más breve plazo posible.