Uruguay: Se aprobó en Senadores Ley de Minería de Gran Porte

Pasadas las 15.30 de miércoles de 14 de agosto del 2013, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, que el Parlamento viene analizando desde 2012 a instancias del Poder Ejecutivo. Se aprobó con votos del oficialismo, 16 en 30, y como el proyecto fue modificado volverá a Diputados, donde en una primera instancia será analizado por la comisión de Industria.

Pasadas las 15.30 de miércoles de 14 de agosto del 2013, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, que el Parlamento viene analizando desde 2012 a instancias del Poder Ejecutivo. Se aprobó con votos del oficialismo, 16 en 30, y como el proyecto fue modificado volverá a Diputados, donde en una primera instancia será analizado por la comisión de Industria.

 

 

Taquigrafia citacion 36 / Senado/ ley mineria de gran porte. (Sesion 1 / parte 1)

( Senador informante / Clavijo )

5) ACTIVIDAD MINERA DE GRAN PORTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: “Proyecto de ley por el que se regula la actividad minera de gran porte. (Carp. n.º 1188/2013 – Rep. n.º 879/13 – Anexo I)”.

(Antecedentes:)

(INCLUIR DOCUMENTOS n.os 5 y 6)

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

            –En discusión general.

            Antes de dar la palabra al miembro informante, la Presidencia desea comentar que, por razones de agenda, en la reunión que en el día de ayer celebraran los coordinadores de los diferentes partidos políticos se acordó levantar la sesión a la hora 13 y 30, y también se manifestó la aspiración de alcanzar la votación en general antes de esa hora, si fuera posible. En todo caso, queda firme el levantamiento de la sesión a la hora 13 y 30, para continuar la discusión del proyecto de ley en la sesión de mañana, inexorablemente.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Clavijo

SEÑOR CLAVIJO.- Señor Presidente: la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado, por mayoría, este proyecto de ley relativo a la actividad minera de gran porte.

Quiero hacer un reconocimiento a los Secretarios de la Comisión –pieza fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo–, a su Presidente –que siempre estuvo dispuesto a convocar  sesiones extraordinarias a efectos de discutir y dar participación a todos, recibiendo siempre a quienes solicitaran audiencias– y a todas las delegaciones que participaron planteando sus inquietudes y puntos de vista.

La Comisión y la bancada de Gobierno, junto con el Poder Ejecutivo, analizaron modificaciones que permitieran que este proyecto ley apuntara al desarrollo y a la diversificación de nuestra matriz productiva.

El desarrollo de las actividades mineras en el Uruguay es de larga data. Su regulación ha sido motivo de diversas normas y reglamentos, que fueron integrados en el Código de Minería de 1982. Más recientemente, ante un contexto que impulsa un desarrollo a mayor escala de esta actividad, se realizaron ajustes a dicha norma, que fueron aprobados en 2011 como Ley n.º 18.813.

A partir de iniciativas de actualización del marco normativo y de las políticas para el sector, profundizando en particular en las actividades de minería de explotación de metales –cuyo crecimiento se acentúa en el Uruguay– debido al interés expresado por diversos actores políticos y sociales ante esa realidad, a instancias del Presidente de la República, señor José Mujica, se conformó la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte con el objetivo de aportar líneas estratégicas en materia de grandes emprendimientos de minería en Uruguay, valorando la importancia de dotar al país de una política de Estado en la materia.

La Comisión, integrada con representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y del Poder Ejecutivo, sesionó en el período comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2011.

En el análisis de la materia planteada se trabajó en torno a ejes temáticos definidos –aspectos ambientales, sociales y económicos–, así como en un componente nuevo, la gobernanza, que es la única actividad que tendrá una herramienta de control.

Como resultado del trabajo de la Comisión Multipartidaria antes mencionada,  con fecha 22 de diciembre de 2011 se firmó un Documento de Acuerdo, cuyo contenido establece condicionantes y bases que se consideran necesarias para el desarrollo de la minería de gran porte en el país, y se asumió el compromiso de dar rango legal a estas bases y principios a través de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

            El presente proyecto de ley, producto de dicho acuerdo y compromiso, así como de críticas y propuestas ingresadas al Parlamento y consideradas pertinentes, tiene un objetivo: dotar al país de un instrumento moderno de políticas de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables y que, por tanto, su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realiza la actividad, así como también las necesidades nacionales de desarrollo económico.

            A continuación, mencionaré los objetivos de la iniciativa. Ellos  son: contribuir a la creación de riqueza del país, preparando el futuro del sector minero; promover el desarrollo social; mejorar la protección ambiental hacia el futuro; y establecer los roles y gobernanzas de los distintos elementos.

            Los recursos naturales son parte de la riqueza nacional y, en particular, los recursos mineros metálicos constituyen recursos naturales no renovables de interés en la economía mundial. Por su carácter de no renovables, su explotación debe generar oportunidades para las generaciones actuales, pero también prever beneficios para las generaciones futuras.

            En esa perspectiva, el Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario, y garantizar a la sociedad una gestión óptima de los objetivos trazados.

            Si bien a partir de la reciente reforma del Código de Minería ya existe en el país un marco legal amplio, moderno, adecuado y que da garantías –ambiental, minero, de ordenamiento territorial y gestión del agua–, a nivel de la Comisión Multipartidaria se analizó que existían aún aspectos no considerados que requerían una nueva adecuación del marco normativo, en particular en lo que se consideraba como escala de trabajo de las actividades mineras y que se conceptualiza como minería metálica de gran porte.

            En el mencionado Acuerdo, se consideró aceptable la minería metálica de gran porte –que generará, por su parte, un proceso de desarrollo sostenible–, si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo el proceso, incluyendo cierre y poscierre. Dicha caracterización fue cambiada por utilidad pública, por los motivos que veremos a continuación.

            En el ámbito de la Comisión Multipartidaria, se valoró la confianza en la institucionalidad del país –en particular, en la gestión ambiental del Estado– para enfrentar el desafío del desarrollo de esta actividad económica en una escala nueva para las condiciones nacionales. En un proceso de necesario fortalecimiento de las capacidades locales, que fuera también señalado como un tema relevante en la Multipartidaria, se ha gestionado la cooperación internacional para que acompañe los  esfuerzos locales con miras al desarrollo de una minería responsable en el país.

            Uruguay cuenta a la fecha con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y se preparan los instrumentos de ordenamiento previstos como, por ejemplo, Directrices Nacionales y Planes Departamentales, permitiendo la inclusión de esta actividad productiva en el contexto de las actividades económicas del país.

            La actividad de minería de gran porte debe constituir una oportunidad para desarrollar  conocimientos, tecnologías y capacidades en el país a fin de generar nuevas oportunidades laborales, así como para capacitar y especializar a los cuerpos de inspección de las instituciones del Estado y así garantizar que la actividad productiva se realiza de manera responsable y cumpliendo con toda la legislación vigente.

            La minería de gran porte realizada con innovación y aplicación de las mejores tecnologías disponibles, con las debidas salvaguardas y garantías que el presente proyecto de ley propone, será posible implementarla en un marco de desarrollo sostenible no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras, ya que se crea un instrumento económico intergeneracional que será una novedad en el resguardo de recursos para el futuro, más teniendo en cuenta que es un recurso finito y no renovable.

            En cuanto a los aspectos ambientales, cabe destacar que se incorpora la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental completo, el cual será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia. El proyecto de ley enfatiza la necesidad del plan de cierre de forma de asegurar el reacondicionamiento de los sitios a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades poscierre u otros usos posteriores. Para asegurar esto, se crean garantías de cumplimiento de la minería de gran porte.

            El proyecto de ley crea la figura de un contrato de explotación de minería de gran porte entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto, por el cual se otorga la concesión para la explotación. Este instrumento mejora la seguridad jurídica respecto del actual sistema de otorgamiento, mediante un acto unilateral de resolución ministerial.

            En cuanto a los aspectos tributarios de la ley, y de acuerdo con las pautas emanadas del Documento de Acuerdo de la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte, se propone: el establecimiento de límites respecto al alcance de los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas inversiones y la realización de ajustes en el régimen general de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas –IRAE–, así como la incorporación de un adicional al mismo, específico a la renta proveniente de la explotación de la minería de gran porte, incorporándose al cuerpo normativo de este impuesto.

            Por otra parte, se establece un nuevo régimen de distribución del canon de producción a los superficiarios del área de concesión para la explotación, mediante la aplicación de topes. En ese sentido, se propone –y está en poder de la Mesa– la creación del capítulo VII referente al canon, que lleva como título “El canon y los derechos del superficiario”, y en el que se incluirán artículos relacionados con los artículos 64, 65, 66 y 67, cuyo fundamento daremos más adelante. Asimismo, se propone al Cuerpo la inclusión del artículo 64 Bis por el que se le da la posibilidad al superficiario de optar por el canon con topes –como lo define el proyecto de ley original– o el canon tradicional comprendido en el Código Minero, tomando como opción un aporte al Fondo de Solidaridad Intergeneracional.

            A continuación, haremos referencia a los capítulos contenidos en este proyecto de ley.

El capítulo I refiere al ámbito de aplicación y a las condiciones que requieren los proyectos de megaminería para poder insertarse en un marco de desarrollo sostenible. Se incluye también el alcance de actividades mineras y conexas, así como el concepto de conjunto económico, aplicable en caso de realizar actividades mineras que resulten de  la minería de gran porte. El artículo 1.º de este Capítulo, en su inciso segundo, transcribe la definición de desarrollo sostenible contenida en la ley general de medio ambiente, n.º 17.283, de 28 de noviembre de 2000, que introduce en nuestra legislación el concepto de desarrollo sostenible como paradigma de crecimiento económico en el largo plazo compatible con las bases naturales que hacen posible dicho crecimiento, tal como fuera planteado en  el informe “Nuestro futuro común”, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1987, y por la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. Asimismo, se introdujo el concepto de práctica minera sustentable, que innova agregando dos nuevas dimensiones: seguridad y eficiencia en el mejor manejo de extracción de recursos naturales no renovables, y es específico para la actividad minera sustentable.

El artículo 2.º, denominado “Objeto”, refiere a la denominación de la minería de gran porte, que nace en la Comisión Multipartidaria y estará sujeto a esa regulación especial.

            El artículo 3.º, relativo al “Ámbito de aplicación”, en su literal A), determina la superficie que deben ocupar dichos emprendimientos, lo que ha tenido importantes críticas en cuanto a que emprendimientos de estas características a nivel internacional no son considerados de gran porte. Sin embargo, aquí lo relevante es que, independientemente de las dimensiones, se busca implementar una normativa diferencial y específica para proyectos de magnitud significativa para nuestro país, ya sea por el potencial impacto ambiental o por el peso  relativo en la estructura productiva y social.

Por su parte, el literal B) define los criterios considerados razonables, respecto a la escala nacional, y acordados en el Acuerdo Multipartidario, estableciéndose que se trata de la condición económica de un proyecto dado que lo cataloga. Y el literal C) también establece dichos criterios. Tanto el criterio anterior como el presente guardan relación con la magnitud de la actividad productiva y, por lo tanto, están en relación directa con el material producido y con el material removido.

El artículo 4.º, denominado “Consideración especial”, hace referencia a los sistemas globalmente armonizados de sustancias o productos químicos utilizados en los tratamientos a nivel del Mercosur, así como lo acordado en la Comunidad Económica Europea. Los acuerdos firmados dejan perfectamente definidos los criterios de peligrosidad por la aplicación de sustancias o productos químicos, tendientes a la reducción de los riesgos para la salud y el medioambiente.

Estas condiciones se incluyen, a propuesta de uno de los partidos políticos participantes de la Comisión Multipartidaria, como un elemento para estudiar y calificar a los proyectos de minería como de gran porte con indicadores de impacto ambiental. Para los proyectos calificados de minería de gran porte, teniendo en cuenta las condiciones de este artículo, no se aplica la parte impositiva ya que sus dimensiones no son de minería de gran porte, pero sí se aplican los requisitos relativos a los temas sociales y ambientales establecidos en los dos primeros capítulos de este proyecto de ley.

El artículo 5.º, denominado “Buenas prácticas mineras”, refiere al requerimiento de que la minería de gran porte incorpore las mejores prácticas mineras internacionales, lo que constituye una herramienta para lograr la sostenibilidad actual en el Uruguay. A partir de la última reforma del Código de Minería, las distintas actividades mineras deben incorporar buenas prácticas en todas sus etapas: prospección, exploración y explotación.

            Los manuales de buena práctica minera están en proceso de elaboración             –tendrán carácter de reglamentación del Código Minero– y consisten en guías de trabajo estandarizadas con tecnología y procedimientos recomendados para la actividad minera, para que sea segura y socialmente aceptable,  económicamente viable y ambientalmente adecuada.

            Por lo tanto, la Ley de Minería de Gran Porte da un paso más al exigir que se apliquen las mejores prácticas mineras internacionales y que se incorporen mecanismos de participación en su gestión social y ambiental siguiendo, una vez más, los lineamientos de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

            El artículo 6.º tiene que ver con la autorización ambiental de proyectos. En el caso de la minería de gran porte se exige la presentación de un estudio de impacto ambiental completo y la realización de una auditoría pública, en el entendido de que es una actividad cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos. Por lo tanto, al establecer estos requisitos se garantizará el seguimiento del procedimiento técnico completo en profundidad y se asegurará la concreción de la instancia de participación a través de una audiencia pública y obligatoria. En este artículo se da un paso más al establecer que, también, se deberá incluir un análisis de impacto urbano, independientemente del que hoy se tiene en cuenta. Nos parece importante destacar con énfasis esto que se agrega en esta instancia, que refuerza la coherencia entre la normativa ambiental y territorial que se va a desarrollar.

            El artículo 7.º hace referencia a la localización. La ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible ya preveía aspectos vinculados a la actividad minera, algunos de los cuales enfatizan el proyecto de ley que estamos proponiendo, como el hecho de que la localización debe ser, necesariamente, en suelo categorizado como rural. Debemos señalar que esta categorización corresponde a los Gobiernos Departamentales. El artículo 27 de la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible prevé que en caso de haberse desarrollado instrumentos territoriales y si se produjera la “apertura de minas y canteras quedará habilitada de oficio la gestión para la posible revisión del instrumento que se trate”, entendiendo la particularidad que la actividad tiene vinculada al lugar donde se extraen los recursos.

            El artículo 8.º tiene que ver con actividades mineras y conexas. Para esta definición se tuvo en cuenta el acuerdo que existió entre todos los partidos sobre qué beneficios fiscales no deberían aplicarse a la actividad extractiva minera y conexas, mientras que sí debería incentivarse la actividad que agregue valor o que dé paso a la industrialización de la materia prima.

            El artículo 9.º refiere a la titularidad. El Acuerdo Multipartidario sostenía que, si se tratara de una sociedad anónima, debería tener acciones nominativas y que se incluiría el concepto de grupo económico. Sin embargo, a sugerencia del Partido Independiente, se optó por incluir la adaptación del artículo 1.º de la Ley n.º 18.092, referida a la titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

            El artículo 10 establece la definición de conjunto económico. En el Acuerdo Multipartidario se convino que si es una sociedad anónima deberá tener acciones nominativas y que se incluirá el concepto de grupo económico. Se tomó como referencia para este artículo la Circular n.º 1.687 del Banco Central, de 25 de enero de 2000.

El Capítulo II tiene que ver con el plan de cierre de las minas, instrumento que garantiza, en materia ambiental, el futuro uso sustentable del lugar donde se realizó una extracción minera. Lo relativo a las oportunidades de uso futuro del sitio fue muy analizado a nivel de la Interpartidaria ya mencionada, tanto desde el punto de vista ambiental como social y productivo, para garantizar que se cumplan las acciones contenidas en el plan de cierre. Se propone constituir garantía de cumplimiento que cubra no sólo los costos de implementación del plan de cierre, sino también el fiel cumplimiento de las normativas ambientales y la recomposición en caso de ocurrir daños ambientales. Ese plan de cierre –establecía el Acuerdo de la Multipartidaria– está previsto desde el inicio y durante toda la vida útil del proceso, es decir, es parte integral del proyecto. Se generará desde el inicio de la explotación teniendo como característica importante el estar sujeto a una revisión periódica para la cual se estableció un mínimo de tres años. Esa regularidad atenderá a las condiciones de viabilidad que pueda haber en el desarrollo del proyecto durante toda la vida útil.

Por su parte, el Capítulo III tiene que ver con el contrato de concesión de explotación. Refiere a las disposiciones especiales aplicables a la minería de gran porte, en particular, la firma de un contrato de concesión para la explotación. La celebración de un contrato entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto será condición necesaria para el otorgamiento del título de concesión para explotar, pautándose en este Capítulo los contenidos que necesariamente deberán fijarse en el mismo. Se destaca la obligación de constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato –previo a su firma–, la cual deberá ser mantenida durante un año después de finalizada la vigencia del contrato.

Por último, se establecen disposiciones referidas al destino de la mina o área minera, así como de la información, ante la posibilidad de caducidad de los derechos mineros. 

El artículo 24, “Procedimiento”, fue agregado y diseñado a partir de recomendaciones del doctor Cajarville aportadas en el ámbito de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes. Si bien el artículo 38, al que se hace referencia en el literal C), fue redactado en el proyecto original remitido, el objetivo fue dar certeza jurídica a las partes.

El artículo 25 va a ser sustituido; ya hay una propuesta en la Mesa.

Otro de los temas que originó discusiones no sólo entre los integrantes de la bancada, sino con el Poder Ejecutivo y varias delegaciones, fue el que refiere a la información de carácter reservado o confidencial, que está plasmado en el artículo 26. Asimismo se estableció que esta posibilidad no alcanzará a los aspectos ambientales del proyecto, a los efectos de disminuir la incertidumbre que este artículo genera. Básicamente, esta disposición brindará al privado las garantías respecto a la información clave, que es un verdadero objetivo estratégico para llevar adelante el proyecto. Toda la información de carácter reservado y confidencial se va a regir por el artículo 15 de la Ley n.º 16.466, que establece que las informaciones que puedan configurar secreto industrial o comercial del responsable del proyecto serán mantenidas en reserva por la Administración. También es de aplicación la Ley n.º 18.381 en cuanto a la reserva y confidencialidad, particularmente el artículo 8.º, que hace referencia a las excepciones a la información pública; el artículo 9.º, “Información reservada”, y el artículo 10, “Información confidencial”. Por lo tanto, solamente podrá ser reservada la información que tenga que ver con el proyecto industrial y de comercialización y no así con los temas medioambientales.

El literal B) del artículo 30, “Otros contenidos”, también está en línea con el acuerdo en cuanto a que no serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de Inversiones a la actividad extractiva o conexa pero sí a las actividades industriales que agreguen valor.

El Capítulo IV refiere al régimen tributario especial aplicable a la minería de gran porte. El Estado, como propietario de los recursos del subsuelo y en particular de aquellos no renovables, debe participar de las rentas económicas generadas por su explotación, en el marco de que resulte para el inversor una Tasa Interna de Retorno acorde a los niveles internacionales. En este marco es que se crea el denominado "Adicional del IRAE específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte”, cuya estructura fue diseñada luego del análisis de legislación comparada de países con larga tradición minera, básicamente Chile y Perú, que cuentan con normativa actualizada recientemente, en los años 2010 y 2011 respectivamente. El mismo contribuye a la obtención de un sistema tributario aplicado a la minería de gran porte.

Entre las principales características del adicional se destacan las siguientes.

En primer lugar, se prevé la aplicación de una tasa progresiva sobre la renta neta operacional minera del ejercicio fiscal, contingente a la realidad de precios. La renta neta operacional minera es obtenida de la diferencia entre ingreso operacional minero y costo de producción, permitiéndose deducir cierta categoría de gastos y pérdidas.

Se dispone que el canon de producción que debe abonar el titular del derecho minero de explotación, devengado en el ejercicio fiscal, se pueda imputar al pago del adicional. Por esa razón, dicho canon no es deducible para su liquidación.

El artículo 39 también tiene que ver con los regímenes promocionales. En este sentido, volvemos a recordar que el Acuerdo Multipartidario establecía: “No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas, sí a las actividades industriales que agregan valor”.

En cuanto a la garantía respecto del adicional del IRAE específico a la renta proveniente de la explotación de minería, en el artículo 42 se agrega al Título 4 del Texto Ordenado 1996 un capítulo a los efectos de que el aditivo del IRAE no sea deducible por ningún concepto. Este capítulo incluye los artículos 102 a 113.

El Capítulo V hace referencia a los ingresos del Estado. Establece que todos los ingresos tributarios provenientes de emprendimientos de la minería de gran porte, así como el canon de producción obtenido por el Estado, se identificarán en el Presupuesto Nacional como Ingresos por Minería de Gran Porte. Un 30% de los mismos será incluido en instancias presupuestales por parte del Poder Ejecutivo para atender objetivos trazados en la Comisión Multipartidaria referidos al financiamiento de inversiones en zonas geográficas de influencia de los proyectos de minería de gran porte, así como de proyectos productivos, de infraestructura y ambientales, y al fortalecimiento de capacidades técnicas de organismos de control.

El artículo 44, “Definición”, establece que todos los ingresos correspondientes a tarifas y tasas que gravan la actividad minera, que fueron tácitamente mencionados en el Acuerdo Multipartidario, serán identificados como ingresos de ésta a los efectos de la derivación de los recursos a los diferentes canales, el Fondo Intergeneracional y los recursos presupuestales con fines específicos.

            El Capítulo VI refiere al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión.

El artículo 49 comprendido en el Acuerdo Multipartidario establecía la administración del fondo por una persona pública no estatal de Derecho Privado y un organismo dependiente del Banco Central del Uruguay.

            El artículo 50, que regula las inversiones que puede realizar el Fondo, toma como base los artículos 123 y siguientes de la Ley n.º 16.713, o sea, la Ley por la que se crearan las AFAP.

            El artículo 51, como indica su título, establece las Restricciones de Inversión en lo que hace al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión.

            Respecto al Capítulo VII, los señores Senadores disponen del texto venido de Comisión con el título “Otras Disposiciones”, pero se ha dirigido a la Mesa un texto modificativo, en el que se propone como título “Del Canon y los Derechos del Superficiario”, puesto que se podrá optar por el canon con las limitaciones planteadas en este proyecto de ley o por lo dispuesto en el artículo 64 bis, que permite al superficiario elegir el canon que deberá pagar.

            Por último, reservándome el derecho de fundamentar mi posición durante la discusión general o la particular, quiero señalar que la mayoría de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado recomienda al Cuerpo aprobar este proyecto de ley, pues sus disposiciones serán los cimientos de una diversidad necesaria en cuanto a la producción, la exportación y la generación de una mejor política social, en tanto tiene que ver con la creación de trabajo –además de la democratización de todo el territorio–, sobre todo en aquellas zonas que se han visto postergadas debido a la falta de desarrollo productivo.

            Es cuanto tenía para informar.

 

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en virtud de que hemos acordado que la sesión no se extienda más allá de las 13 y 30 horas y de que no queremos que la Mesa se vea en la situación de cortar la lista de oradores, solicito que después de que haga uso de la palabra el señor Senador Abreu, se pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana o se fije una sesión futura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería fijar una sesión extraordinaria para el día de mañana porque, como los señores Senadores saben, se dio entrada a los informes de la Comisión Preinvestigadora, conforme lo solicitado por el señor Senador Solari, y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias tiene que ser incluido como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión. Por esta razón, no es posible pasar a cuarto intermedio.

            Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción en el sentido de que se levante la sesión en cuanto finalice la intervención del señor Senador Abreu.

(Se vota:)

            –27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Fuente : http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/8/campo-minado/

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