Londres 38, espacio de memorias, valora que el gobierno chileno solicite a
Estados Unidos documentos hasta ahora secretos sobre crímenes de la
dictadura de Pinochet, pero al mismo tiempo pide que tal empeño por
conocer nuevos antecedentes se aplique en Chile, donde aún permanecen bajo
secreto archivos de la represión.
Señora Presidenta de la República
MICHELLE BACHELET JERIA
Presente
De nuestra consideración:
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, en el marco de su visita a
Santiago, entregó al gobierno chileno más de mil documentos relacionados
al crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit, llevado a cabo
por la DINA en Washington en 1976, que permanecían bajo secreto. En estos
documentos hay información que confirma la participación de Augusto
Pinochet y Manuel Contreras en la ejecución de los asesinatos, registra
las acciones de encubrimiento posterior por parte de la dictadura chilena,
así como los intentos fallidos de EEUU de enjuiciar a los criminales.
El conjunto de documentos de más de mil páginas fue entregado a la
familia Letelier y al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Esto
incluye unas 250 páginas directamente relacionadas al crimen del ex
canciller de Salvador Allende. El embajador chileno en Washington, Juan
Gabriel Valdés, explicó que estos documentos "habían sido reservados
para una posibilidad de juicio contra Augusto Pinochet en la justicia
norteamericana y que por lo tanto no habían sido desclasificados hace unos
años, solicité entonces la autorización del gobierno de Chile para pedir
oficialmente la desclasificación de estos 250 documentos que aparentemente
no han sido estudiados aún (...)".
En Londres 38, espacio de memorias, reconocemos esta entrega de documentos
reservados y esperamos que ahora se hagan públicos como un aporte a más
verdad y justicia en relación al crimen de Orlando Letelier y Ronnie
Moffit, así como una contribución a la memoria de Chile. Valoramos que el
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se preocupe por recuperar estos
documentos y que gestione en un país como EEUU que estos archivos sean
entregados para profundizar en las investigaciones judiciales.
Considerando que en Chile aún no se ha logrado verdad y justicia plena en
todos los casos de violaciones a los derechos humanos, y que ni siquiera se
ha establecido la verdad jurídica en los casos de detenidos desaparecidos,
solicitamos al gobierno que realice los esfuerzos necesarios para
desclasificar los documentos que sabemos que aún existen en poder del
Estado, las FFAA y organismos policiales de Chile. Resulta paradojal que se
obtenga información en otros países y que en Chile no se materialicen
acciones similares.
Reiteramos nuestra petición, explicitada también en documentos conjuntos
de la Red de Sitios de Memoria [6], que es necesario:
SOBRE LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN VALECH
-Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que
impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura.
-Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de
los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los
casos hayan sido calificados o no.
-Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso público a los
archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda
afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes.
-Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y
policiales destruir o eliminar archivos de la represión, los que deben ser
traspasados de inmediato a la custodia del Archivo Nacional. Este proyecto
ya está en trámite de votación en la Cámara de Diputados.
SOBRE LOS PACTOS DE SILENCIO
-La Presidencia de la República debe ordenar a los comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía Civil que entreguen toda la
información sobre la represión.
-El gobierno debe generar mecanismos para que quienes tengan información
útil puedan entregarla en lugares habilitados para ello.
-El gobierno debe ordenar a los mandos militares la búsqueda activa en
regimientos y cuarteles de documentación que permita conocer más verdad
sobre los crímenes.
-Elevar las penas de cárcel aquellos represores que obstruyen a la
justicia en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
FIN A LA IMPUNIDAD
-Incorporar inmediatamente a la legislación nacional los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados
por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o
rebajas de condenas.
-Degradación de los militares que sean condenados a crímenes de lesa
humanidad.
-Los represores que reciben condenas por crímenes de lesa humanidad
perderán de inmediato todos los beneficios que le entrega la institución
armada a la que pertenecieron.
-Impedir que los represores condenados burlen a la justicia y traten de
impedir su ingreso a la cárcel. El gobierno debe garantizar que las
condenas dictadas por la justicia se cumplan.
-Cierre inmediato de cárcel especial Punta Peuco y traslado de condenados
a cárcel común de máxima seguridad.
-Eliminar símbolos públicos que reivindican la dictadura, personajes
vinculados a ella, y crímenes de lesa humanidad, como señal política de
cultura democrática y de derechos humanos.
Atentamente,
Mesa de trabajo
LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS
Santiago de Chile, 9 de octubre de 2015