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Billet de blog 4 oct. 2018

IVA: el pionero combate de Mediapart avalado por Europa

El 2 de octubre, el Consejo Europeo reconoció, por fin, la igualdad entre la prensa impresa y la digital, autorizando la aplicación de la misma tasa de IVA independientemente del soporte, ya se trate de formato papel o electrónico. Este acuerdo reconoce la justeza del combate pionero de Mediapart. Mientras, el Estado francés continúa empeñado en hacernos pagar por ello.

Edwy Plenel
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Habrán sido necesarios diez años para alcanzar la escala de toda Europa. Primer periódico digital con una suscripción de pago en el momento de su creación, el 16 de marzo de 2008, Mediapart defendió desde el principio la igualdad de derechos entre la prensa impresa y la prensa digital, en nombre de la neutralidad del soporte tecnológico. Uno de los puntos concretos de este combate fue la cuestión del IVA, una tasa que para la prensa impresa siempre ha sido ventajosa (2,1% en lugar del 19,6% en el momento de nuestra creación en 2008, y del 20% a día de hoy).

Esta tasa dicha « muy reducida » o « súper reducida » no es un privilegio: es una ayuda a la democracia en la idea de que la prensa es un actor ineludible cuyo precio debe ser abordable, de tal manera que sea accesible para el mayor número de personas posible. De hecho, en Reino Unido, vieja democracia parlamentaria y escenario de los primeros combates por la libertad de informar en el siglo XVIII, la tasa de IVA sobre la prensa es cero. En definitiva, no se trata de una ayuda indirecta al sector industrial sino de un apoyo a la vitalidad y al pluralismo del debate democrático.

Por lo tanto, debería ser una evidencia que la nueva prensa digital, cuya función democrática es idéntica a la de la prensa impresa, se beneficie de la misma tasa de IVA. Por desgracia, esta evidencia no fue tal para los poderes políticos y administrativos, obligando a la nueva prensa digital a defender, ella misma, esta reivindicación, afrontando reticencias burocráticas nacionales y europeas. Fue el combate fundador del Sindicato de la Prensa Independiente de Información el Línea (SPIIL), creado en 2009, cuando la prensa digital fue reconocida por los poderes públicos como una prensa de pleno derecho, actuando bajo este título en la Comisión Paritaria de Publicaciones y de Agencias de Prensa (CPPAP).

Reformadores testarudos frente a administraciones conservadoras, finalmente conseguimos que se reconociera esta evidencia, primero en Francia con la votación de una ley a principios de 2014 (tras una campaña de opinión llevada a cabo por el SPIIL) y, a partir de ahora, en la Unión Europea, tras el cuerdo de los 28 Estados miembros en el Consejo de « Asuntos Económicos y Financieros » del 2 de octubre (ver aquí el comunicado de prensa y la directiva en inglés). La ironía, un tanto amarga, de esta victoria, es que el arquitecto de este acuerdo europeo, el actual Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ocupaba la cartera de Economía y Finanzas en Francia cuando la administración fiscal gala, a finales de 2013, desató su oneroso proceso de reclamaciones fiscales contra Mediapart, tratado como un vulgar estafador fiscal cuando simplemente habíamos sacado a la luz este combate legítimo del que ha terminado apropiándose…

Tan bienvenida como tardía, la decisión europea muestra, de nuevo, que las reformas progresistas, aquellas que crean nuevos derechos, inventan nuevas libertades y amplían el terreno de la igualdad, no surgen de las más altas instancias. Provienen del movimiento de la sociedad, de su audacia y de su creatividad. En este caso, en el que se jugaba el futuro de la nueva prensa digital –pues, ¿cómo conseguir su rentabilidad si combatíamos con armas desiguales, aturdidos por una tasa de IVA máxima frente a una prensa tradicional eximida de la misma?-, Mediapart y sus compañeros del SPIIL –especialmente sus otros miembros fundadores, Indigo y Arrêt sur images- han encarnado esta audacia reformadora surgida de la sociedad frente a los obstáculos de un Estado conservador. Qué Estado tiene como aliados y refuerzos a políticos poco preocupados por el dinamismo y el pluralismo de la prensa: durante el mandato de François Hollande, las buenas voluntades « transpartisanas », en especial parlamentarias, que defendían nuestra justa causa se tropezaron con el Gobierno de Manuel Valls, forjado en el rechazo de una prensa libre e independiente.

Nuestros lectores lo saben, hemos tenido que pagar muy caro esta audacia: un ajuste fiscal acompañado de penalizaciones, por un montante total de 4,7 millones de euros, cuya legitimidad continuamos impugnando ante la justicia administrativa. Nos encontramos en la fase de apelación, tras haber conseguido una primera victoria en primera instancia. Sin, lamentablemente, ir tan lejos como para poner en tela de juicio la cuestión del diferencial de las tasas de IVA que se nos reclama –y que hemos pagado en su totalidad-, el Tribunal Administrativo cuestionó la actitud de la administración fiscal respecto a nuestro periódico, ciega en sus medios y vengativa en sus fines. Esta decisión judicial, dictada el 22 de mayo de 2018 y comentada aquí, lava nuestro honor afirmando alto y claro que Mediapart nunca tuvo la intención de eludir sus impuestos y, bien todo lo contrario, llevó a cabo este combate, finalmente legítimo, con total transparencia. Por este motivo, el tribunal estima que las humillantes penalizaciones que se nos impuso no están justificadas.

El Tribunal Administrativo enuncia: « Considerando que si la empresa solicitante no desconocía que la administración tributaria consideraba que tenía que pagar un impuesto sobre el valor añadido al tipo estándar para sus publicaciones en línea, dicha empresa consideró la aplicación de esta tasa no convencional e inconstitucional; además, como argumenta, aplicó esta tasa con total transparencia frente a las autoridades tributarias, las que podrían, como resultado, ejercer su derecho de control y cuestionar las declaraciones de impuestos sobre el valor añadido presentadas por la compañía por los períodos en litigio; desde ese momento, la intención de evadir el impuesto no está establecida; en las circunstancias de este caso, la sociedad editorial de Mediapart debería ser liberada de las penalizaciones del 40% a las que se le sometió en virtud del Artículo 1729 del Código General de Impuestos.» 

Tras esta sentencia del 22 de mayo, podríamos haber imaginado –lo podremos imaginar aún más tras el acuerdo europeo del 2 de octubre- que el Estado deponga sus armas, reconociendo su obstinación inútil y su nefasto inmovilismo. ¡Pues no! El Estado apeló esta decisión judicial y, por lo tanto, nosotros tenemos el deber de defender, una enésima vez, ante la Corte Administrativa esta evidencia que tanto costó obtener y que, a día de hoy, no genera debate alguno, ni en Francia, ni en Europa.   

Traducción y edición española: Irene Casado Sánchez.

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