Mediapart y el fisco: una primera victoria judicial

« La intención de evadir impuestos no está establecida »: en una sentencia dictada el 22 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de París apoya la buena fe de Mediapart en su combate por la igualdad del IVA entre la prensa escrita y la prensa digital. La decisión judicial anula las fuertes sanciones añadidas a nuestra regularización tributaria y condena simbólicamente al Estado a indemnizarnos con 1.000 euros.

Emitida el 22 de mayo por la segunda cámara de la primera sección del Tribunal Administrativo de París, una sentencia acaba de restablecer el honor y la probidad de Mediapart frente a las calumnias habituales que planean sobre nuestra victoriosa batalla por la igualdad entre la prensa digital y la prensa impresa.

En la audiencia que precedió a dicha sentencia, el 7 de mayo, nuestra causa fue defendida por Jean-Pierre Mignard del gabinete Lysias, con la asistencia de Philippe Azouaou. Después de tener que pagar las sumas reclamadas y aprovisionar los intereses y penalizaciones, por un importe total de 4,7 millones de euros, Mediapart impugnó, por primera vez ante un tribunal, la totalidad de esta regularización fiscal.

He aquí las dos principales decisiones, y sus motivaciones, que se dictaron a nuestro favor, seguidas del recordatorio de un combate decisivo para el modelo económico defendido por Mediapart: una prensa que sólo vive del apoyo de sus lectores, sin publicidad, subvenciones o mecenas. La decisión judicial completa se puede consultar aquí (en francés): Sentencia del Tribunal Administrativo sobre el caso del IVA (pdf, 1B).

Así, el Tribunal Administrativo enuncia: « Considerando que si la empresa solicitante no desconocía que la administración tributaria consideraba que tenía que pagar un impuesto sobre el valor añadido al tipo estándar para sus publicaciones en línea, dicha empresa consideró la aplicación de esta tasa no convencional e inconstitucional; además, como argumenta, aplicó esta tasa con total transparencia frente a las autoridades tributarias, las que podrían, como resultado, ejercer su derecho de control y cuestionar las declaraciones de impuestos sobre el valor añadido presentadas por la compañía por los períodos en litigio; desde ese momento, la intención de evadir el impuesto no está establecida; en las circunstancias de este caso, la sociedad editorial de Mediapart debería ser liberada de las penalizaciones del 40% a las que se le sometió en virtud del Artículo 1729 del Código General de Impuestos.»

La sentencia añade « que es apropiado, en las circunstancias del caso, cobrar al Estado la suma de 1.000 euros en virtud del artículo L.761-1 del Código de Justicia Administrativa ». Si el montante es simbólico, el alcance de esta disposición no es trivial: el artículo mencionado prevé la indemnización de la parte que se ha sometido al procedimiento administrativo, en otras palabras de « aquel que se ha visto obligado a recurrir a un juez o alguien que se ha visto obligado a defenderse y que no ha salido perdiendo » (léase aquí y aquí en francés).

En resumen, el Tribunal Administrativo considera que el Estado no tenía derecho a sancionarnos tratándonos como evasores de impuestos, lo que obviamente no somos. Su desacuerdo sobre la aplicación de la misma tasa de IVA de la prensa impresa a las suscripciones de Mediapart –algo que sucede hoy tras la promulgación de una ley en 2014, precisamente gracias a nuestro compromiso pionero-, no legitimaba su actitud vengativa, mezclada con la negación de justicia y el abuso de poder. Porque Mediapart, cuya « intención de eludir el impuesto no está establecida », actuó « en completa transparencia con la administración tributaria » sin que ésta se inmutara hasta el control repentino y brutal de diciembre de 2013, interviniendo a finales de un año marcado por la onda de choque de nuestras revelaciones sobre el caso Cahuzac que había conmocionado profundamente a la administración de Bercy.

Es una primera victoria judicial de una larga telenovela (leer aquí en francés) en la que resulta útil recordar su misión inicial: nada más que el éxito de la apuesta de Mediapart y su supervivencia económica frente a los medios de comunicación dominantes.

Desde su fundación, en 2008, Mediapart ha llevado a cabo un combate, que se convirtió después en el del Sindicato de la Prensa Independiente de Información en Línea (SPIIL, creada en 2009), por la igualdad del IVA entre la prensa impresa y la prensa digital. Este combate fue ganado definitivamente a principios de 2014 con el voto del Parlamento de una ley que proclamaba la neutralidad de los soportes, situando a la prensa impresa y a la digital en un plano en el que comparten los mismos derechos. Posición que ha adoptado la Comisión Europea, tal y como fue reconocido por Jean-Claude Juncker y Pierre Moscovici.

Si Mediapart ocupa un lugar particular en este combate, que toda la prensa digital comparte, es por su modelo económico de pago: se trata del primer periódico digital generalista cuyos ingresos se reducen sólo y únicamente a las suscripciones de sus lectores, nuestra empresa de prensa interpeló, en primer lugar, a los poderes públicos sobre la competencia desleal que constituiría una gran diferencia en la tasa de IVA (2,1% frente al 19,6% y después el 20%) entre periódicos por el simple hecho de tener un soporte material diferente. Hemos llevado esta batalla hasta el final, multiplicando los encuentros y los recursos hasta el punto de contar con el acuerdo tácito de nuestros interlocutores estatales, hasta la presidencia de la República, sobre el buen fundamento en el que reposa nuestra posición.

Así como siempre lo hemos explicado, nunca hemos sido defraudadores sino reformadores (leer aquí en francés), poniendo en evidencia con nuestra audacia (la aplicación de la tasa del 2,1% a nuestras suscripciones) el arcaísmo de la posición del ministerio de Finanzas que se contentaba con reducir la prensa a las informaciones impresas en papel. Arcaísmo que era también conservatismo, reconfortando las posiciones establecidas para la prensa tradicional que, no solo se beneficiaba de tasas ventajosas, sino que recibía –y continúa recibiendo- subvenciones masivas del Estado.

Este fue también uno de nuestros combates, con el SPIIL: que los montantes y su repartición sean, al fin, conocidos por el público, dado que estas informaciones permanecían secretas en nombre de… ¡« el secreto de los affaires »!. Es gracias a la insistencia de la novedosa prensa digital independiente que ahora sabemos, por ejemplo, que las subvenciones directas alcanzaron un montante de 80 millones de euros en 2016, y el primer beneficiario es el grupo LVMH de Bernard Arnault, cuarta fortuna mundial, propietario de los periódicos Parisien-Aujourd’hui y Échos (leer aquí en francés).

En el caso de Mediapart, esta batalla del IVA respondía a una cuestión de supervivencia pero también de principios: rechazando toda subvención estatal e ingresos publicitarios, nuestro periódico vive únicamente, desde su origen, de las subscripciones de sus lectores. Si no hubiéramos aplicado el IVA concedido a la prensa, cuya tasa súper reducida se traduce en una ayuda a la democracia con el objetivo de facilitar el acceso a los periódicos, Mediapart nunca habría podido sobrevivir con su apuesta económica, la misma que funda su independencia. No habríamos tenido ni el tiempo ni los medios financieros. Y la profesión no podría haberse beneficiado de una demostración útil para el futuro de nuestro oficio: la necesidad de defender el valor de la información frente a su destrucción por el modelo gratuito basado en la publicidad (leer aquí).

Pero a menudo, incluso cuando la historia les da la razón, los pioneros deben pagar una audacia cuya única falta es levantar la vergüenza del conservadurismo y del inmovilismo. Así es que Mediapart, desde hace más de cuatro años, se encuentra en el punto de mira del fisco bajo órdenes de la alta administración de Bercy, mientras que el inspector de impuestos de nuestro sector geográfico, informado regularmente cada año de la situación contable de nuestra empresa, nunca encontró nada que decir. A finales de 2013, un control fiscal express nos llevó a un maratón de procedimientos judiciales cuyo resultado fue un ajuste fiscal de 4,7 millones de euros, aprovisionados y puestos a su disposición el 13 de octubre de 2015 y el 6 de enero de 2016, cuando todas nuestras vías de recurso administrativo fueron agotadas sin que nunca nuestros argumentos fueran escuchados.

Este montante exorbitante añadía al diferencial del IVA, resultado de los años que precedieron al cambio de legislación de 2014 provocado por nuestra protesta, los intereses por el retraso del pasado pero, sobretodo, penalizaciones por « falta deliberada » muy importantes, equivalentes a un aumento del 40%. Impuesta por Bercy a la administración fiscal, esta medida que es tan incongruente como vejatoria testimonia la parcialidad de este ajuste administrativo. Desde el principio, nos ha parecido inspirada en una venganza mezquina en la que el fisco no era más que un instrumento: efectivamente, intervino un año después de nuestras revelaciones sobre la oculta cuenta suiza del ministro de Presupuestos Jérôme Cahuzac, cuya mentira fue ciegamente apoyada por la alta jerarquía del ministerio de Finanzas.

Si bien se mantiene el desacuerdo sobre el diferencial de la tasa de IVA durante los años que precedieron al voto de la ley de 2014 –lo que corresponde a las sumas que ya hemos puesto a disposición de la administración fiscal-, la sentencia del Tribunal Administrativo anula las otras disposiciones del control fiscal y condena al Estado a indemnizarnos, con una cantidad de 1.000 euros, un montante ínfimo ciertamente pero altamente simbólico. La razón debería aconsejar a los concernidos quedarse ahí.

Mediapart así está dispuesto, dado que su honor ha sido restablecido por la justicia, su buena fe, su honestidad y su transparencia han sido claramente reconocidas. Todo manteniendo que nuestra posición sobre la tasa del IVA aplicable a la prensa digital era legitima desde el principio, contestamos que lo esencial ha sido alcanzado: gracias a esta batalla, la ley fiscal ha terminado alineándose con la evidencia del derecho. En el fondo, el poder legislativo ha terminado reconociendo la justicia de nuestro combate y, en lo que concierne a la forma, el poder judicial reconoce hoy la lealtad en la manera en la que llevamos a cabo esta batalla.

Queda por saber si el Estado –dicho de otra manera, si la administración de Bercy y el ministerio de Presupuestos- será un buen perdedor o sí, recurriendo a la decisión judicial, decidirá continuar ensañándose contra Mediapart.

Traducción y edición española: Irene Casado Sánchez.

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