Le blog de droit international vu d'Amérique Latine

Recientemente, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar el fondo de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018. Venezuela optó por no comparecer para defenderse ante la justicia internacional. Análisis.

Al haber varias cámaras empresariales costarricenses manifestado su oposición a la aprobación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo retiró este proyecto de la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias: al parecer sin entrar a analizar los supuestos "argumentos jurídicos" contra este tratado regional.

Hace poco días, el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú: una noticia pocamente divulgada y cuyos alcances merecen ser analizados al tratarse del onceavo Estado en ratificar este novedoso instrumento regional cuyo objetivo es proteger a quienes defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe.

Récemment, deux années se sont écoulées depuis l'ouverture à la signature de l'Accord d'Escazú aux Nations unies. Ce traité régional peu connu, adopté en 2018 au Costa Rica, renforce les droits de ceux qui, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, défendent l´environnement. Ce traité international est l´objet d´une véritable campagne de désinformation afin qu´il ne soit pas signé, ni ratifié.

Recientemente se renovó en parte el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con 15 nuevos integrantes: por parte de América Latina fueron electos Bolivia, Cuba y México, al tiempo que Colombia reconfirmó nuevamente su distanciamiento con este órgano de derechos humanos, así como, más sorprendente, Costa Rica.

Recientemente el Acuerdo de Escazú (2018) cumplió dos años en los cuales los Estados que lo deseaban podían firmarlo. Con 24 firmas y 9 ratificaciones (la de Argentina muy pronta en registrarse), este artículo intenta explicar este resultado y de paso el vergonzoso espectáculo ofrecido por las autoridades en Chile para no firmarlo.

Próximamente, el "Acuerdo de Escazú" celebrará dos años desde que fue puesto a disposición de los Estados de América Latina y el Caribe para su aprobación, en aras de garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente: una fecha que amerita reflexionar sobre las razones por las que el entusiasmo inicial por este instrumento regional pareciera haberse contenido.

Recientemente la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción a una situación insólita, que merece algunas breves explicaciones, en particular en cuanto al maquillaje oficial de Estados Unidos sobre sus reales intenciones.

El pasado 9 de agosto se conmemoraron 10 años desde el desalojo por la fuerza policial costarricense de líderes indígenas que se habían concentrado dentro de la sede de la Asamblea Legislativa. Habían llegado a exigir la votación de un proyecto de ley sobre sus derechos que llevaba 16 años discutiéndose.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible una petición contra Costa Rica relativa a los derechos de la comunidad indígena Terraba. Una ocasión propicia para analizar el contexto actual y la situación de las comunidades indígenas costarricenses, que han sufrido el asesinato de dos de sus líderes en menos de 12 meses.